Eduardo Blandón
El compadrazgo entre los políticos, acostumbrados como estamos a tanta perversión, pocas veces suscita escándalo entre la ciudadanía. Se le justifica con aquello de “todos lo hacen”, una falacia que expresa no solo descuido lógico, sino sobre todo conformismo moral derivado, creo, de las condiciones de podredumbre en nuestro universo inmundo.
A mi modo de ver, no tendríamos porqué tolerar ningún tipo de nepotismo o tráfico de influencia, según las denuncias cotidianas de los medios de información. Las instituciones de Estado, esas concebidas para vigilar y castigar los delitos, deberían cumplir con los fines para las que fueron creadas y denunciar las transgresiones que se cometen contra la ley.
La tibieza, sin embargo, de órganos como la Contraloría General de Cuentas, abona tanto a la extensión de la maldad enquistada en todos los niveles, como al sentimiento de impunidad introyectado en la población que ve perdidas las esperanzas respecto a un país con estado de derecho. Y quizá esto último sea peor.
En realidad, la inutilidad de nuestras instituciones, realizada mediante un proyecto concebido por las élites económicas (algunas, las más conservadoras del país) en contubernio con los políticos y el crimen organizado, busca además de su inoperancia, el enriquecimiento ilícito y la impunidad que garantice la tranquilidad de sus protagonistas hasta el último de los días.
Evidenciar dicha trama, más allá de satisfacer el intelecto, debería sentar las bases para la transformación de las políticas públicas de Guatemala. Involucrarnos desde una praxis que supere la conformidad de nuestros hábitos cotidianos reducido al cumplimiento profesional, laboral. Sustentados en la convicción de que el país necesita ingeniería, pero también la acción que construya desde un objetivo común perseguido cotidianamente.
Guatemala está en una situación en la que se empieza a cercar y restringir las libertades públicas. Hay desde iniciativas para acallar las voces disidentes (proyectos de ley que quieren impedir con poco disimulo el derecho a la protesta ciudadana) hasta la persecución del Estado a través del Ministerio Público y demás instituciones para silenciar las denuncias contra los amos de la corrupción.
Como se ve, los desafíos son múltiples, no solo oponernos al compadrazgo referido por el que se premia a los amigos con proyectos millonarios sin que prive la transparencia ni las garantías de sus resultados, sino extirpar esa moral displicente que los políticos exponen con desparpajo y poca vergüenza.
Es tiempo para la intolerancia en materia de corrupción. Si no cerramos filas, estaremos entregando el país a las mafias y cada día será más difícil y costosa la intervención. El tiempo ha llegado, actuemos, esa es nuestra única opción.
