Eduardo Blandón
Ayer recibí un video en el que desde un helicóptero su tripulante, al tiempo que grababa el desbordamiento de ríos en una zona del país, comentaba la desgracia ocasionada en el lugar. Se le escuchaba turbado como lamentándose de la suerte de sus pobladores y deseoso de trasladarnos la información que compartía en un tono de afectadas emociones.
La verdad es que esas escenas ya no nos son ajenas (pocas cosas nos impresionan ya en el país) porque se repiten todos los años. Incluso llegué a pensar si no era un material viejo, una especie de déjà vu de una grabación ya vista. Porque, de verdad, usted puede guardar esa registración y compartirla en cada invierno que siempre tendrá vigencia.
No es mi intención trivializar las noticias, el drama vivido por la población a causa de las lluvias, el sufrimiento de las comunidades que se las apañan solas por el abandono de sus autoridades. Lo que quiero es dirigir la mirada en los efectos producidos por la mala gestión de quienes rigen los destinos del país. Sin que esto signifique, evidentemente, la falta de reconocimiento de nuestras vulnerabilidades frente al clima.
Los políticos de pacotilla quisieran escamotear responsabilidades culpando a la población, poniendo el dedo en presuntos descuidos que insinúan irracionalidad e imprudencia. Sin embargo, la realidad es que sobre las instituciones recae el mayor peso de tozudez y más aún de inoperancia. Lo que sobresale en los ministerios es la ineficiencia y la escasa inversión en materia de desarrollo.
CONRED, por ejemplo, es un ente reactivo que actúa como institución de socorro en medio de la desgracia. La falta de políticas preventivas es un derivado mixto que va desde la insensibilidad de sus empleados, sus limitados planes y proyectos, hasta la exigua inversión en las comunidades. Ser una institución periférica, aislada y de poca monta, frente a ministerios poderosos, con muchos recursos como el de Comunicaciones, expresa la valía que tiene para el gobierno atender a los grupos más pobres del país.
Al drama hay que sumarle el latrocinio generalizado que impide inversiones sólidas. La sostenibilidad de proyectos con mínimos decentes. Carreteras, por ejemplo, construidas según el requerimiento de planos. Todo lo opuesto a lo que nos ocurre con el clientelismo y la paga de favores que impide poner tras las rejas a los constructores que regatean e incumplen.
No es que los funcionarios sean tontos, lo que ocurre es que su foco alumbra en otra dirección. Su brújula es la de los intereses personales o, lo que es lo mismo, la capitalización urgente en el breve tiempo que les queda. Son iluminados, pero para el tráfico de influencia, la asociación ilícita, la manipulación, la violencia, el fingimiento y el robo. No basta, sin embargo, reconocerlo (esto ya se sabe), hay que militar para hacerlos caer y aplicarles la justicia.
Sí, estamos a merced del cambio climático, esto no lo podemos evitar, pero por ello es fundamental repensar la política pública. Exige educación por parte de la ciudadanía, conciencia de lo que le toca a cada uno para ponerse a buen resguardo, pero especialmente acciones de gobierno que favorezcan la protección y garanticen la calidad de sus inversiones.
