Walter Juárez Estrada
El arraigo del conflicto territorial del siglo pasado en dos municipios de Sololá, con el correr del tiempo ha venido creciendo, es un crucigrama que deben descifrar los vecinos de Nahualá, Santa Catarina Ixtahuacán y Santa Lucia Utatlán, los líderes los jefes edilicios y el gobierno “mediar”. Las partes no quieren transigir y obliga a hacer uso de la fuerza, o prorrogarse por tiempo indefinido el estado de sitio, les guste o no a los habitantes de las entidades en controversia.
El origen de la disputa viene de 1862, cuando el líder comunal Manuel Tzcolc de Nahualá, promovió la separación de Santa Catarina Ixtahuacán, decisión que no fue compartida por los vecinos, al no quedar claro la delimitación de linderos y con el correr del tiempo se ha tornado difícil de conjurar, pese a los esfuerzos que se han hecho. El gobierno implantó el Estado de sitio que incluyó a Santa Lucía Utatlán, habiendo desplegado un fuerte contingente de policías, apoyados por soldados, capturándose a más de medio centenar de campesinos. En los allanamientos las fuerzas de seguridad, con fiscales del MP han hallado armas de calibre prohibido, pirotécnicas, implementos de alto alcance y artesanales, dinero en efectivo de dudosa procedencia un dron para controlar desde el aire los movimientos de vecinos y las fuerzas de seguridad.
El vicepresidente Guillermo Castillo y el comisionado presidencial de diálogo, han tenido acercamiento con los vecinos y los alcaldes, pero el conflicto sigue latente, ninguna de las partes se ponen de acuerdo, siendo razonable que las decisiones que se han tomado con el estado de sitio, continúen hasta una solución definitiva, pero se ve cuesta arriba por los intereses de uno y otro bando y cada alcalde quiere imponer su criterio y no ceder una sola fracción de tierra.
El Ministerio Público debe ponerse al frente del conflicto y hacer las recomendaciones a los lugareños. Atrás de la pugna hay, narcos que tienen en interés en tomar posesión de las regiones para la siembra de amapola y han entregada fuertes cantidades de dinero a los líderes, para transitar con libertad y proveído de armas prohibidas a los vecinos. Toda vez no se erradique el narcotráfico en esa región y departamentos colindantes con México, la pugna seguirá. Los alcaldes deben están obligados a buscar una solución y accionar en los tribunales para resolver quién tiene la razón dirimir y el Congreso, emita un punto resolutivo y sirva de mediador y el presidente del Legislativo Allan Rodríguez, oriundo de la región servir conciliador.
El Estado de sitio da la oportunidad de actuar y serán los órganos jurisdiccionales que resuelvan la situación jurídica de más de 50 líderes que han sido acusados de soliviantar los ánimos. Son las partes en controversia las obligadas a ponerse de acuerdo, para que ya no siga corriendo más sangre y que la economía en esas regiones renazca, pero todos deben coadyuvar y se destierren las pugnas, pues no es lógico que se viva con angustia y desasosiego en bien de todos.
