Oscar Clemente Marroquín
ocmarroq@lahora.com.gt
Esta mañana pude escuchar parte de una entrevista que hicieron en el programa A Primera Hora a la fiscal general, Consuelo Porras, y la verdad que las respuestas que pude escuchar me parecieron muy correctas y pertinentes para referirse a sus desafíos y a la gestión que debe desarrollar al frente del Ministerio Público. Por supuesto que el tema de la lucha contra la corrupción provocó numerosos mensajes de los radioescuchas porque al fin de cuentas la gente entiende que mientras subsista ese vicio regado por toda la estructura del Estado, incluyendo la misma administración de justicia, será imposible que logremos salir del atolladero en el que nos han colocado esos políticos inescrupulosos y sus socios dedicados a esquilmar a Guatemala.
Con voz pausada la Fiscal fue respondiendo a las preguntas que tienen que ver con el desempeño de su cargo y la forma en que piensa encararlo. El tema de las conferencias de prensa para dar a conocer casos de alto impacto fue tratado de acuerdo a los cuestionamientos que públicamente vino a hacer a Guatemala la señora Nikki Haley, haciendo eco de las quejas de algunos adversarios declarados de la CICIG y del MP. La diplomática dijo que se tenía que actuar como lo hace el FBI, pero pasó por alto que ese cuerpo investigador sí informa de los casos que va resolviendo y lo hacen porque fortalece el Estado de Derecho el conocer que el Estado tiene capacidad de castigar a los delincuentes.
En el tema de la corrupción las conferencias de prensa tienen efecto didáctico. Prueba de ello es que ahora los financistas de los políticos están preocupados por los antecedentes y buscan la forma de actuar con transparencia para no verse ligados a un proceso penal y ello no se hubiera logrado sin que se explicara con pelos y señales el carácter delictivo de ciertas formas de financiamiento.
Ante la peregrina pregunta de si un eventual antejuicio contra el Presidente Morales pondría en peligro la institucionalidad del país, la Fiscal General respondió que no lo veía de esa forma porque nuestra legislación regula claramente cómo se debe proceder y la manera en que se conforman los poderes del Estado, contemplando fórmulas de sucesión temporal o definitiva sin que ello implique ni ruptura del orden constitucional ni alteración de la institucionalidad. Si el antejuicio a un gobernante fuera un golpe a la institucionalidad estaríamos obligados a tolerar que cualquiera en el poder haga micos y pericos porque con tal de preservarla tendríamos que hacernos de la vista gorda ante cualquier ilegalidad.
Hay de verdad gente que piensa como la entrevistadora, en el sentido de que el país no puede comprometer su institucionalidad con investigaciones que puedan obligar a la imputación de un Presidente y tras el procesamiento de Baldetti hubo quienes consideraban gravísima la posibilidad de que a Pérez Molina le tocara igual suerte. El orden constitucional persistió tras la renuncia y captura del líder del PP y, lo más importante, se envió un mensaje de que quien la hace la paga y eso sí que fortalece la institucionalidad de cualquier país.
