Oscar Clemente Marroquín
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Desde principios de noviembre del año pasado, cuando se produjo el triunfo de Donald Trump, la incesante romería de guatemaltecos influyentes a Washington se llenó de júbilo, esperanza y algarabía porque vislumbraban el fin de la diplomacia de Obama encarnada en Todd Robinson, acusada de metiche y causante de esa molesta lucha contra la impunidad que ha detenido la economía del país, paralizando a los funcionarios públicos y enviando a prisión a poderosos personajes para enfrentar juicios que ponen a prueba el sistema de justicia. Primero fueron algunos empresarios que sintieron que estando en la Casa Blanca un “colega” sería más fácil revertir esa política repudiada por todos los que en algún momento usaron el sistema corrupto para hacer uno que otro negocio. Luego fue el gobierno utilizando a su “Embajador” Mérida y cuando éste mostró su verdadero peltre, surgió el cuarteto de diputados prestanombres (según propia confesión) que no saben siquiera qué cabildeo se hace en su nombre, gesto de auténtica e indiscutible idiotez.
No querían esperar a que se llegara el fin del período de tres años que generalmente le corresponde a los embajadores de Estados Unidos y pretendieron terminar con Todd Robinson anticipadamente. Célebre fue la actitud de una “asesora” de la cúpula empresarial que habló más de la cuenta en reuniones que luego trascendieron. Y es que era absoluta la certeza de que así como Trump terminaría con el legado de Obama en materia de salud, también cambiaría esa fregadera de andar apoyando a la CICIG y la lucha contra la corrupción y la impunidad, tema que según algunos sectores es necedad de la izquierda para fregar a los grupos conservadores.
Pues resulta que tanto cabildeo y tanto esfuerzo ya rindió frutos, pero el tiro les salió por la culata porque el nombramiento de Luis Arreaga se ve como un gesto de auténtica institucionalidad de la política exterior de Estados Unidos. Trump designó como futuro Embajador en Guatemala a un diplomático de carrera que ha tenido importantes roles y que, curiosamente, en los últimos tres años ha estado a cargo de la Subsecretaría encargada de promover la lucha contra el narcotráfico y la aplicación de la ley en esta región del mundo. Responsabilidad que, curiosamente, también tuvo el embajador Robinson antes de venir. No es que sea un calco porque cada quien tiene su propia personalidad y forma de actuar, pero la línea institucional parece clara y definida.
Cuando ganó Trump yo recordé que en 1980 en Guatemala hasta quemaron cohetes porque con Reagan terminaba la era de Carter con sus sanciones por violación de derechos humanos. También entonces fue intenso el cabildeo en Washington pensando que el cambio traería paz y tranquilidad a quienes estaban involucrados en la lucha contra la subversión y habían caído en prácticas que provocaron la sanción hacia el Ejército. Pasó el tiempo, las sanciones persistieron y la política de derechos humanos no cambió, al punto de que al día de hoy nuestro Ejército sigue sin acceso a fondos de ayuda militar en Estados Unidos.
Me late que en el tema de la lucha contra la corrupción el resultado también será el mismo. Es política de Estado y va a durar muchos años.
