La interrupción de la infraestructura vial hacia el pacífico guatemalteco, detiene el desarrollo nacional, y por supuesto afecta la economía de los guatemaltecos en general, especialmente cuando se trata de una carretera que comunica al puerto más importante del país, convirtiéndose en obstáculo del primer orden que debiera atenderse de manera urgente y sin escatimar esfuerzos, en virtud que afecta ventajas competitivas del país. Los costos de comercialización aumentan e influye en la integración de mercados, al disminuir la movilidad y por tanto provoca el cierre de plazas; sobre todo cuando Guatemala no resuelve de manera pronta tal caos. Acusaciones de irregularidades en contratación, ineptitud, berrinches, supuestos intereses particulares, demora en emplear recursos nacionales, entre otros, hacen de esta lenta reacción, un drama de mala gestión. Mientras eso sucede Guatemala parece detenerse y la incertidumbre en la sociedad se agudiza de manera inconveniente.
La gestión pública debe estar a cargo de gestores públicos, sinónimo de “estrategas” que puedan identificar cómo utilizar los recursos a su disposición, para alcanzar objetivos con determinación y responsabilidad; organizando los procesos que se requieran para lograr la satisfacción de las necesidades de la población en general, incluyendo a los diferentes sectores organizados y no organizados que componen el conglomerado social. Así, el Nuevo Servicio Público, sugiere que el papel principal de los servidores públicos es ayudar a los ciudadanos a identificar y articular intereses comunes, antes de tratar de controlar o guiar a la sociedad.
Ahora debemos cuestionarnos algo con mucha atención: ¿tendremos a cargo de los servicios públicos, a esos estrategas para que los recursos asignados a las respectivas áreas sean bien empleados?, o tendremos a personas como dirigentes sin capacidad de gestión, que solo están contribuyendo al deterioro precipitado de la paz social, que alimenta el descontento generalizado; y esto sería más dramático si se hace a propósito. Estos dramas de gestión pública ponen a prueba la madurez de los gestores y a la misma gobernabilidad, mientras se traduce en estancamiento económico con impacto de corto, mediano y largo plazo, con consecuencias de tipo social al final de cuentas.
Lo anterior nos conduce a considerar que la infraestructura del país tiene un impacto de carácter estratégico y debe ser un pilar para llevar bienestar a la población guatemalteca, por una serie de beneficios significativos; entre ellos podemos mencionar que: Genera fuentes de empleo, favorece la comercialización de los productos agrícolas, disminuye los costos de comercialización, integra los mercados, promueve la movilidad, reduce el costo y tiempo del transporte, influye en que la producción en masa sea económicamente factible, aumenta la productividad, reduce los costos de transacción, mejora la competitividad del país, asegura el flujo de materias primas, permite que el estado haga presencia en casos de emergencia, y por si fuera poco, reduce los precios de la canasta básica.
El mantenimiento y la inversión en infraestructura en Guatemala puede catalizar un ciclo de crecimiento económico sostenido, y para ello urge plantearlo como un pilar para el desarrollo económico y social.
