Si entendemos que la institucionalidad es un atributo básico de la república, en la cual se debe configurar la distribución político-administrativa en la división de poderes, es necesario fortalecerla. En este mundo convulsionado y confuso, parece bastante obvio defender las democracias: el sistema menos malo de gobierno. Con todos los defectos, abusos, injusticias y corrupción, sigue siendo el único sistema que garantiza, de algún modo, aunque con falencias, los derechos humanos, la igualdad de oportunidades y la participación ciudadana.
Las instituciones, y el respeto a sus normas y reglas representan la institucionalidad, detrás de las interacciones políticas, económicas y sociales; cuando funcionan reducen la incertidumbre, permiten tomar mejores decisiones administrativas, políticas, de emprendimiento e inversión; pueden incentivar o desincentivar la actividad económica, importante para todos. La institucionalidad es el puente que comunica a la sociedad, al Estado, al mercado y los ciudadanos; determina las reglas del juego que garantizan certidumbre a las actividades privadas, sociales y públicas, mostrando las capacidades de: planeación, ejecución y eficiencia operacional; y con ello se aumenta la competitividad y se promueve el crecimiento y el desarrollo económico de una nación.
Una sociedad o un Estado tienen una fuerte institucionalidad cuanto más eficientes sean las instituciones; porque la falta de ellas o el irrespeto a sus normas interrumpen el desarrollo; sin embargo, cabe resaltar que las instituciones y sus normas no están escritas en piedra, pueden evolucionar y cambiar con el tiempo; incluso cabe mencionar que el aparato administrativo del Estado conformado por instituciones no debe ser macrocéfalo, es decir no porque un aparato estatal sea grande es precisamente bueno, debe ser el necesario, esto hay que evaluarlo y al hacerlo podemos encontrar que la excesiva burocracia también es un obstáculo para la eficiencia y por supuesto para la institucionalidad. Es importante entonces que las naciones a través de sus representantes en democracia observen la calidad de sus instituciones; solo a través de ello se podrá alcanzar la prosperidad y la transformación constante; así el Estado, asiento del poder político, institución de instituciones, que conforman y proporcionan el fundamento material del Estado, sean la base para la convivencia social.
En Guatemala afortunadamente, existen ejemplos de institucionalidad; por supuesto con las deficiencias anotadas al principio de esta columna; pero sí, existen y debemos fortalecerlas. Las instituciones efectivas, eficientes y transparentes, promueven el bienestar económico y social. No es casualidad que el índice de institucionalidad sea un elemento para dar certeza a las inversiones extranjeras, este indicador señala la existencia o no de un entorno adecuado para la inversión y el desarrollo; mejorando así la credibilidad para la inversión.
Por último, es importante señalar que la institucionalidad no es solo responsabilidad del Gobierno sino de todos los sectores, grupos organizados y ciudadanos en general, que dejando de lado los intereses particulares y/o ideológicos intestinos, puedan contribuir para lograr acuerdos en beneficio del país, donde no solo se creen y se respeten las reglas del juego, sino que se implementen de forma eficaz, pero sobre todo el mínimo necesario, para evitar la macrocefalia señalada, que provoca una burocracia excesiva, que interrumpe la eficiencia.
