Danilo Santos
La aprobación por 91 diputadas y diputados, donde se declara el 9 de marzo como “el Día por la Vida y la Familia”, en realidad busca accionar desde la institucionalidad en contra del derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, del aborto legal y seguro. En su contenido destaca que “…se debe evidenciar la obligación estatal en la creación e implementación de políticas públicas encaminadas a la concientización de la población sobre el respeto a vivir y a la familia”.
Esto significa que el Estado se convierte en policía moral, y dictará qué es vivir en familia y qué no. Violando derechos individuales básicos. Aunque suene contradictorio, el primer derecho que violan, es el derecho a la vida, y luego, el de la libertad. Están decidiendo por las vidas de niñas violadas y que no están preparadas para enfrentar un embarazo, de niñas con afectaciones cognitivas que son abusadas y obligadas al término del embarazo, de mujeres con abortos espontáneos que ahora corren el riesgo de ser criminalizadas o estigmatizadas. Bien entonces, en un país machista y violento, ponen en peligro la vida de niñas y mujeres que diariamente son objeto de violencia sexual. Por otro lado, están imponiendo las ideas de un grupo a toda la población, sin respetar la capacidad de decisión de los individuos y de las propias familias.
Esta suerte de policía moral en la que se está convirtiendo el Estado, se ha venido construyendo en el Legislativo y el Ejecutivo desde hace algún tiempo. La aprobación del Día por la Vida y la Familia y en contra del aborto, no es más que la excusa perfecta para perseguir las expresiones de lucha por los derechos de las mujeres que se dan en el marco del 8 de marzo y, todas las luchas que deriven en el avance de los derechos sexuales y reproductivos. Estamos dando pasos hacia atrás, volviéndonos una sociedad punitiva, hipócrita y abrumadoramente machista. Así las cosas, no es de extrañar que después de cada 8 de marzo, exista persecución institucional y social de quienes expresen su desacuerdo con lo legislado en contra de la vida, de las mujeres y las diferentes formas de familia que existen.
Si el Estado sigue avanzando, gobierno tras gobierno, en el camino del control de las ideas y la represión moral, esta sociedad llegará al punto de enfrentarse por motivos que la alejarán de la verdadera problemática que mantiene al país empobrecido, dividido y embrutecido. Es justo lo que quieren, que sigamos desde la sociedad civil organizada y segmentada, luchando cada organización en su pedacito, cada vez más ocultos y cada vez más pequeños. La lucha social en Guatemala es una, no varias. La lucha social en Guatemala, ahora, es más necesaria que nunca. No cometamos el error de caer en la estrategia de los ultraconservadores. La lucha social en Guatemala pasa por otro Estado y otro modelo de relacionarnos. El aborto legal y seguro es sólo uno de los muchos temas que debemos abordar de manera seria y civilizada.
