La renuncia de Otto Pérez y Roxana Baldetti en 2015 emocionó a la multitud que asistía a la Plaza, sin embargo, es necesario reflexionar el porqué de sus dimisiones. La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, con el respaldo de la Embajada de los Estados Unidos, los puso contra las cuerdas, el clamor popular era solo un elemento del tablero, y no el determinante. Luego de que se fueran y se encontraran ligados a procesos legales, la euforia era evidente, se destapó la cloaca que era y sigue siendo la política en Guatemala y cómo se maneja la cosa pública. Han pasado seis años y han cambiado algunas cosas, no el pudridero del Estado, pero sí la neutralización de la lucha contra la impunidad y la corrupción. Fue expulsada la CICIG, asumieron presidentes antiderechos y hemos tenido dos legislaciones deplorables. La administración Trump les dio un respiro importante. Durante estos seis años se ha desmontado la institucionalidad de la paz, se han aprobado leyes que pretenden perseguir organizaciones defensoras de derechos humanos y que disienten con los gobiernos, se ha blindado al funcionariado para que no sea perseguido por sus actos de corrupción, abuso de poder, ineptitud y negligencia. Ha subido el tono autoritario desde el Ejecutivo, por si fuera poco, se ha abandonado a la población a su suerte en medio de una pandemia de carácter mundial en pos de las ganancias de unos pocos, con el argumento de velar por la economía de toda la población.
Qué lecciones hemos aprendido de lo sucedido en 2015. La Plaza está vacía o raquítica, y si es que se llega a llenar, qué es lo que la Embajada quiere para los próximos dos años y las próximas elecciones. Cambiar a las personas resultó en una peor situación, de avances significativos contra la impunidad y corrupción pasamos a un Estado encerrado en el cerco político ideológico, jurídico, que le dictan los dueños del país a sus operadores en la Presidencia de la República y el Congreso. Pasamos de avances en derechos humanos a retrocesos atroces. Bien entonces, cambiar personas, cambiar caciques, no es la solución a nuestros problemas. Es el sistema el que hay que cambiar, el contrato social principal: la Constitución. Cambiar las leyes de fondo, la Electoral y de Partidos Políticos, el sistema electoral, la manera de elegir, la representación, el modelo económico y de desarrollo. Elecciones concurrentes, un sistema parlamentario, revocatoria de mandato, límites de reelección municipal y legislativa, un Estado diseñado acorde a las necesidades de la población y dedicado al bien común. Es mucho lo que se podría hacer y debemos hacer, pero solo cambiar personas no soluciona el fondo de los problemas estructurales.
Los próximos seis años marcarán el rumbo de los próximos cincuenta años para Guatemala, no atender lo de fondo y quedarnos solo en la forma, nos puede condenar a estar peor de lo que ya estamos. Aceptar y enfrentar la crisis política, social y de progreso que tenemos, nos puede hacer un mejor país para todos. Aprendamos las lecciones de la historia y quizá haya algo que celebrar dentro de doscientos años… No seamos conformistas ni cobardes.
