Claudia Virginia Samayoa
@tucurclaux
“Simplemente no detuvimos investigaciones o juzgamientos porque la persona señalada pudiera tener poder económico, político o de otra naturaleza. Yo juzgué de igual manera a personas de alto perfil y a otras que no son consideradas como personas de poder en la estructura social.” (El Faro, 21/03/22) Esa es la respuesta de Erika Aifán a la pregunta de por qué el odio de la élite guatemalteca a su persona.
La jueza Erika Aifán claramente reconoce como un factor que detonó el ataque en su contra, la situación en que se encontraron ocho connotados empresarios en relación al financiamiento electoral ilícito. Una estrategia de deslegitimación, hostigamiento y criminalización impulsadas por ellos han aorillado al exilio a una jueza independiente, simplemente por cumplir con las obligaciones constitucionales.
De forma muy sencilla, la jueza nos afirma lo que todos sabemos: la oligarquía guatemalteca está atrás de estas y otras violaciones de derechos humanos. Unos días antes del anuncio de la renuncia de la togada, varios medios publicaron una serie de investigaciones que muestran las relaciones entre las empresas de la Mina Fénix en el Estor y actos de corrupción, contaminación y violaciones de derechos humanos. Varios email, simplemente, muestran cómo la mina sabía que había contaminado el Río Dulce.
El involucramiento de la elite guatemalteca y sus empresas en el deterioro del Estado de Derecho y de la Democracia no está oculto en correos electrónicos sino a la vista en Comunicados Públicos y posiciones del CACIF y/o de la Cámara de Industria. Simplemente es tan evidente que el Consejo de las Américas (CSA) –organización que favorece las relaciones económicas en la región– suspendió un evento público organizado para finales de este mes para promover la inversión en Guatemala como reacción a la condena emitida por el CACIF a la presencia del Embajador de USA observando uno de los casos contra la Jueza Aifán. Paradójicamente, la última vez que el CSA suspendió una actividad en Guatemala fue en julio de 1954 por temor a la ‘amenaza roja’.
Al CACIF se le olvida que no puede seguir violando derechos humanos en Guatemala sin que las empresas asociadas no sufran consecuencias. Guatemala asumió, hace más de una década, los Principios Rectores de Empresas y Derechos Humanos que definen las obligaciones de las empresas nacionales de respetar derechos humanos Los principios señalan simplemente que la empresa es responsable de las violaciones de derechos humanos cuando de forma directa genere el daño o contribuya a ello a través de sus actividades, sus productos o sus relaciones comerciales.
Harían bien las empresas asociadas al CACIF en evaluar cómo su participación en este ente colegiado está provocando violaciones de derechos humanos; ya que para el sistema financiero internacional, Europa y las grandes transnacionales eso es un motivo de suspender sus relaciones con las empresas.
El CACIF sabe ese es su talón de Aquiles. Recientemente me llegó el anuncio de un Postgrado en Derechos Humanos promovido por la Universidad del Istmo y la asociación empresarial, que tienen como centro la idea que ¡Las empresas también tienen derechos humanos! Los principios rectores son claros: las empresas tienen responsabilidades de cumplir derechos y no pueden argumentar la defensa de sus derechos como excusa. Recientemente, una empresa hidroeléctrica guatemalteca aprendió a través de una sanción de un banco internacional, que los derechos humanos de las comunidades no pueden ser violados alegando los derechos de la empresa. Simplemente, el CACIF no puede seguir destruyendo el Estado de Derecho sin tener consecuencias.
