Claudia Virginia Samayoa
@tucurclaux
El 26 de marzo, vimos varias fotografías de cómo dejaron los elementos de PNC, luego de varios allanamientos, las casas de personas defensoras de derechos humanos en El Estor, Izabal. Una de estas es de lámina y piso de tierra; las pocas pertenencias incluyen una silla de plástico vieja y bolsas de plástico que contiene la reducida cantidad de ropa de quienes la habitan.
La persona defensora de DD. HH., cuya casa fue allanada no es terrorista ni de la izquierda que se enriquece con mantener en pobreza a las personas. Es una persona con convicciones que se han formado viendo los daños que produce la minera así como el continuo robo de tierras de comunidades q’eqhi’. Nadie la vino a manipular, tiene una profunda conciencia sobre el cuidado de la madre tierra como obligación. Así como esta persona, ocurre lo mismo en las viviendas allanadas ese día de personas defensoras de derechos humanos, cuyas casas no son tan precarias, pero tampoco se asemejan a las que tiene la clase media empobrecida de la capital.
Cuando leo los análisis de muchos sobre el conflicto en El Estor pienso que estos responden a caricaturas que han armado históricamente los dueños del país y que repiten las transnacionales. Así es como justificaron el asesinato de los académicos universitarios que participaron en el primer estudio sobre la entonces Exmibal; como retrataban a los sindicalistas de la Coca Cola ‘manipulados’ por la guerrilla; o como hablaban de los campesinos y algunos sacerdotes que eran asesinados en la Costa Sur.
No hay diferencia entre los discursos de Ríos Montt para justificar la restricción de garantías ya casi inexistentes y las de Giammattei al señalar la amenaza del terrorismo y la necesidad de recuperación del orden público. La manipulación de la opinión pública la realizan las personas en el poder con conferencias y comunicados de prensa, en donde utilizan videos manipulados y recortados, en donde evidencian que necesitaron cientos de agentes para disolver a un grupo muy pequeño de personas que se resistían. El gobierno anuncia que tiene 40 órdenes de captura que ejecutar y que han detenido dos personas, entre ellas un reconocido músico y adulto mayor q’eqchi’ por cargos no relacionados con la manifiestación.
Luego, el 27 de noviembre, observamos las casas que allanaron y a quienes capturan que parecen provenir de un listado de personas que por sus denuncias o por sus acciones de resistencia han agraviado a la minera. Para muestra dos botones. El primero es la captura de un reconocido miembro de la Gremial de Pescadores de El Estor, realizada con una orden que no tiene vigencia porque la persona detenida ya está ligada a proceso y cumpliendo lo relativo a las medidas cautelares dictadas en su contra en ese expediente. Como consecuencia, este pescador que vive bajo la línea de pobreza pasó una noche detenido ilegalmente. El segundo es el allanamiento a la casa de una víctima de la agresión de la seguridad de la empresa minera y que le dejara parapléjico de por vida. Quedó en la lista de la minera por haber pedido justicia en su caso.
No se trague las versiones oficiales, el terror lo produce el gobierno con su actuar o con su falta de actuación como el caso del ataque al Congreso por veteranos militares.
