César Antonio Estrada Mendizábal
El diccionario define el adjetivo inminente como algo que amenaza o está para suceder prontamente, y me parece que califica muy bien las elecciones de rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala que se realizarán en poco más de un mes. Después de la ya casi olvidada perturbación causada por el encarcelamiento de su rector y un exrector, el Consejo Superior Universitario (CSU) no tuvo empacho en convocar irregularmente estas elecciones con los mismos procedimientos discriminatorios, no democráticos y contrarios al espíritu universitario ampliamente conocidos y sufridos. Por su parte, la atomizada, inconsciente y acomodadiza población sancarlista -con sus escasas y muy meritorias excepciones, claro está- profesores y estudiantes, no fue capaz de comunicarse, reflexionar, discutir y articularse para tratar de enderezar el rumbo del sistema político de la Usac como punto de partida para la transformación o reforma del alma máter, y ahora es una simple multitud espectadora de la imparable y rígida locomotora electoral con candidatos que manejan bien el sistema y simplemente reproducen lo mismo de siempre (nuevamente, a votar por el menos malo, se dice). Por supuesto, no faltan quienes sólo piensan en sus intereses particulares y en sus afinidades o antipatías personales y automáticamente apoyan a cualquier candidato independientemente de su falta de idoneidad.
Llegados, pues, a este punto, lo que queda es reflexionar sobre lo anterior para ver si esta vez sirve de algo la experiencia con miras a la continuación de la vida universitaria y a su posible encauzamiento por corrientes más acordes a la digna labor científica, cultural y política de la Carolina. No obstante, puede presentarse algo más y, así, quisiera plantear dos peticiones que, me parece, representan el sentir de colegas y de estudiantes: una a los miembros del Consejo Superior Universitario (que se supone representan al profesorado, al estudiantado y a los miembros de los gremios o colegios profesionales) y otra, a los candidatos a rector que ya han hecho públicas sus aspiraciones de llegar al poder de la Usac. Por cierto, hay que hacer ver que los reglamentos y leyes de la universidad no hablan de candidatos a rector antes de la elección final sino de electores que deben ser electos por cada sector de la población de las facultades como sus representantes, los cuales deberían ser libres de elegir a quien consideren más idóneo, en lugar de estar comprometidos y supeditados anticipadamente a los orondos candidatos.
Veamos, entonces, la petición al CSU y a cada uno de sus miembros. Inmediatamente después de las elecciones de los cuerpos electorales este miércoles 23 de marzo (que en la práctica son las elecciones definitorias pues aquella que viene después, el 27 de abril, donde se reúnen los electores antedichos es puro formalismo cuyo resultado ya estará previamente decidido), el Consejo debe hacer públicos los resultados de los 34 cuerpos electorales (diez de profesores, diez de estudiantes de las privilegiadas facultades y 14 de los favorecidos colegios profesionales) indicando en cada caso la cantidad de personas que conforman el padrón, es decir que tienen derecho a voto, la cantidad de votos emitidos y de quienes no votaron (grado de ausentismo electoral) así como, por supuesto, los sufragios obtenidos por cada candidato, y algunos otros datos que puedan dar luz en el necesario análisis de las elecciones que evidenciaría la necesidad de cambiar los procedimientos electorales y la manera de designar a quienes se encarguen del gobierno universitario. Es interesante -y preocupante- observar que en las pasadas elecciones de rector de 2018, una representante estudiantil presentó en el Consejo una moción para que se hiciera pública esta información, y fue desechada arbitrariamente, sin razones válidas; incluso algunos representantes pretextaron, haciendo gala de rigidez y formalismo propios de leguleyos de cortas miras, como era de esperarse, que “no es el momento de cuestionar la legitimidad de las Elecciones pues las mismas se llevaron a cabo de conformidad con lo que establece la Ley Orgánica, Estatuto y Reglamento de Elecciones de la Universidad de San Carlos de Guatemala…” (acta 12-2018 del CSU, p.43).
Obviamente, los políticos son reacios a admitir la falta de representatividad y legitimidad de sus mecanismos electorales. Les conviene hacer creer que gozan del respaldo mayoritario de los votantes para apoyar así sus decisiones egoístas, erráticas y contrarias al bien social o institucional. En la universidad, por diversas razones desde hace lustros se ha entronizado un estamento de funcionarios pseudoacadémicos que detentan el gobierno de la Carolina utilizándolo en beneficio propio y desviándolo de los altos fines universitarios. Los intereses creados, el amiguismo, la impreparación, la mediocridad y las influencias externas e internas que violan la autonomía son los sellos de la pesada maquinaria administrativa y burocrática que controla la vida universitaria.
La segunda petición va dirigida a los candidatos a rector. El gobierno de la universidad no es cuestión de un cacique salvador, de un “cae bien” o de un repentino iluminado que autocráticamente tome el mando y decida el camino que deba seguirse en la múltiple y compleja actividad científica, educativa, cultural y política de la institución. No se trata de un mandarín que simplemente designe en puestos importantes a sus allegados en un intercambio de favores y clientelismo que sólo perpetúan el enfermizo statu quo de la San Carlos y la mediocridad a toda prueba. Se necesita un equipo integrado de universitarios idóneos, conocedores de nuestra realidad, democráticos y abiertos al diálogo, sabedores de que antes que funcionarios o burócratas son profesores, intelectuales críticos que enseñan y hacen ciencia.
Cada vez que un rector electo toma posesión del cargo, es motivo de incertidumbre y preocupación enterarse de quiénes son los “afortunados” amigos y seguidores que toman las riendas de importantes órganos de la universidad para empezar a disfrutar de los privilegios de un “señor” directivo -por intranscendente que sea su cargo- y de la interesada consideración que le profesen sus subalternos, sin que esto vaya acompañado de un indispensable sentido de responsabilidad hacia la universidad pública y el país que lo lleve a desempeñar sus labores con propiedad y eficiencia. Por ello, los candidatos tienen el deber de informar públicamente los nombres de su equipo de trabajo y los puestos que asumirán en caso de ganar las elecciones. Por ejemplo, ¿a quiénes se encomendarán las decisivas Direcciones Generales de la universidad, a saber, la de Investigación, la de Docencia, la de Extensión Universitaria, la Dirección General de Administración y la Financiera, ¿quiénes serán el Secretario General y el jefe de la Auditoría interna, dependencia que debería actuar de acuerdo a la naturaleza de la universidad y que necesita ser agilizada? En el caso de las direcciones de Centros universitarios (centros regionales) que no pueden elegir sus consejos directivos, ¿cómo serán integrados estos órganos de gobierno? Cierto, el buen funcionamiento de la universidad depende principalmente de la generalidad de los profesores, estudiantes y empleados administrativos y de servicio, pero los candidatos deben dar a conocer a los que han de ocupar las distintas direcciones, y dialogar con la población universitaria y tomar en cuenta sus apreciaciones.
Finalmente, los candidatos en lugar de hacer tantos ofrecimientos de toda laya que seguramente no van a cumplir, deberían ser claros y concretos en cómo van a abordar las urgentes tareas de reformar el sistema político y administrativo de la Usac, así como la siempre postergada, indispensable y auténtica reforma universitaria.
Esperemos que tanto los representantes ante el Consejo Superior Universitario como los candidatos a rector escuchen peticiones como estas y actúen en consecuencia por el bien de la Universidad de San Carlos que tanto lo necesita para poder responder a lo que el pueblo de Guatemala espera de ella.
