César Antonio Estrada M.
Este artículo ha sido motivado por la reciente convocatoria a elección de rector de la Universidad de San Carlos, emitida por su máximo órgano directivo, el Consejo Superior Universitario, en la cual se repiten los mismos procedimientos que desde hace décadas se han acostumbrado a pesar de que las condiciones actuales evidencian la necesidad de su cambio.El gobierno, la dirección de las universidades, es de vital importancia y habría que prestar mucha atención y cuidado en su selección pues va a marcar el rumbo y las especificidades del quehacer universitario educativo, científico y político, y su relación con la sociedad. Los dirigentes universitarios deben ser idóneos para la tarea que se espera de ellos, es decir, deben reunir capacidad intelectual, académica y profesional y tener un conocimiento amplio de nuestra realidad histórica y social, además de integridad moral y política, cualidades que no fácilmente se encuentran y que, ciertamente, no se obtienen por mayoría de votos. En otras palabras, aunque pueden debatirse la conveniencia, las limitaciones y las condiciones necesarias de la democracia electoral como medio de encontrar a quienes se les pueda encomendar la conducción de nuestras universidades -y con mayor razón, la de la única Universidad Pública con que contamos- si se ha decidido acudir a las votaciones, es indispensable que las mismas estén bien dispuestas, respondan a la naturaleza y espíritu universitarios, y no sean parte de las redes de la corrupción. Es aquí, precisamente, en estos puntos donde la convocatoria de marras se hace seriamente cuestionable.
Además de la grave limitación que representa el hecho de que sólo pueden votar los universitarios de la capital, es decir, los miembros de las diez facultades aquí ubicadas, dejando fuera a más de 40% del total de la población sancarlista, esto es, a los profesores y estudiantes de los Centros Regionales departamentales y de las distintas Escuelas (según datos de registro y estadística de la Usac), se agrega el hecho de que en la susodicha convocatoria hay diez facultades y catorce colegios de profesionales, lo cual resulta en que el Cuerpo Electoral Universitario que elegirá rector quedará integrado por catorce cuerpos electorales de los colegios, diez de los profesores y diez de los estudiantes de cada facultad. Es evidente, entonces, que quienes constituyen realmente la universidad, el profesorado y el alumnado, quienes desarrollan allí su labor académica y la conocen mejor en sus necesidades y aspiraciones, tienen menos peso, menor influencia, en la designación de aquellos que dirijan el Alma Máter, mientras que los grupos gremiales de los colegios, que resultan ajenos a la universidad y con intereses particulares o sectarios, tienen mayor poder de decisión en una proporción de 40% más que los profesores y los estudiantes, respectivamente.
Estamos, entonces, ante una desproporción, una inequidad en la conformación de los cuerpos electorales que elegirán al rector de la Universidad Nacional, que concede mayor poder de decisión a los colegios profesionales, lo cual contradice el gobierno tripartito que tradicionalmente ha tenido la Universidad y que incluso queda establecido en el Artículo 83 de la Constitución Política de la República (“Gobierno de la Universidad de San Carlos de Guatemala”) en el cual se lee que el gobierno de la Universidad le corresponde al Consejo Superior Universitario integrado por el rector, los decanos de las facultades, un catedrático titular y un estudiante por cada facultad y “un representante del colegio profesional, egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala que corresponda a cada facultad”. (Llegado el momento, más allá de lo estipulado en las leyes, incluso, podría plantearse la cuestión de si la dirección universitaria no debería ser esencialmente bipartita, entre estudiantes y profesores, tomando como norte la situación concreta de nuestro país.)
Esta forma inveterada de elegir rector de la Universidad de San Carlos que nuevamente se propone en la actual convocatoria es, entonces, sencillamente un despropósito, un absurdo, podría decirse, que va en contra de la esencia de la universidad y de su salud cultural, científica y política. ¿No podía el Consejo Superior Universitario convocar a otro tipo de elecciones que remediaran las deficiencias señaladas?, ¿qué se lo habrá impedido? Es común en Guatemala tomar como pretexto el respeto a las leyes y a una pretendida institucionalidad cuando se quieren conservar prácticas sectarias, inconvenientes o injustas para la generalidad, pero sería de esperarse que en una universidad se puedan encontrar las formas apropiadas de salir de esta camisa de fuerza de las anacrónicas reglamentaciones, de la costumbre y de los intereses creados que imposibilitan la superación de la crisis actual de nuestra Casa de estudios.
Después de todo, algo que sí es seguro es que las votaciones de rector con este mismo inadecuado y desproporcionado procedimiento darán los tristes resultados que todos hemos conocido a lo largo de los años, se afianzará el estado actual de cosas, y no conducirán a la elección de un rectorado como el que las apremiantes circunstancias de la Universidad y del país exigen.
