César Antonio Estrada Mendizábal
El gobierno de la pública Universidad de San Carlos está encomendado a su Consejo Superior Universitario que, recordémoslo, se integra por los decanos de sus diez facultades, por representantes de sus profesores, estudiantes y colegios de profesionales correspondientes y por el rector que lo preside. Todos ellos han sido electos por los distintos grupos universitarios para que los representen y lleven su voz y su sentir al susodicho órgano de dirección. Los centros universitarios (regionales, de los departamentos) y las escuelas que no pertenecen a ninguna facultad (o no facultativas) no forman parte del Consejo.
Los representantes, incluyendo al rector y a los decanos, ante el Consejo Superior Universitario, como órgano colegiado, deben llevar las cuestiones, las propuestas y las demandas de los profesores, estudiantes y exalumnos –o egresados– que los eligieron precisamente para que los representaran. Por supuesto, cada representante, como miembro de su grupo, podrá tener sus particulares posturas y puntos de vista, que puede manifestar y promover, aunque no concuerden con el sentir de quienes lo eligieron, pero su principal misión no es esta, sino hacer que las necesidades y propuestas del grupo que representa tengan efecto en la dirección de la Universidad pues, según su estructura formal y legal, se supone que practica la democracia representativa.
Ahora que la universidad viene atravesando una grave y acaso terminal postración, en la cual se han manifestado claramente graves e irreconciliables contradicciones entre sus directivos –el Consejo Superior Universitario, las Juntas y Consejos directivos de las diversas unidades académicas– y el grueso de los profesores y el estudiantado, se hace vital que los profesores, estudiantes y profesionales y sus mismos representantes, rompan su acostumbrado aislamiento mutuo, se comuniquen individual o colectivamente, discutan y alcancen acuerdos de modo que el Consejo Superior Universitario responda a lo que los profesores y estudiantes creen que conviene para que la Universidad Nacional supere su decaimiento y pueda realizar sus diversas labores según lo que la sociedad, la población guatemalteca, necesite.
Viendo la penosa situación actual, donde hay un divorcio, una ruptura, es decir, no hay entendimiento ni acuerdo entre las bases y sus representantes en la conducción ni en el gobierno de la universidad y se tiene que acudir a instancias externas como los venales juzgados para resolver asuntos propios de una decente casa de estudios superiores, se hace indispensable recordar a los profesores especialmente y a los estudiantes que –sin duda– además de realizar bien y responsablemente sus quehaceres, no pueden dar la espalda al rumbo de su institución, permanecer indiferentes, que también son responsables de cómo la universidad se gobierna y de cuánto está llenando las expectativas que la sociedad, que todos tenemos de ella, para lo cual es ineludible tomar cartas en el asunto y, aparte de emprender otras acciones que consideren pertinentes y bien planificadas, iniciar un proceso ágil, directo y participativo en que se aborde el estudio, el conocimiento, el análisis, la comunicación y la discusión seria e inteligente que permita llegar ya a los necesarios acuerdos primarios que conduzcan a superar la crisis actual (pero que viene de muchos años atrás) y exigir así a sus representantes que cumplan su obligación, su razón de ser y lleven y hagan eficaz la voz en el Consejo Superior Universitario de quienes realmente hacen y son la universidad.
