El pasado fin de semana el presidente electo de Guatemala denunció de manera verbal y en un comunicado, que había en marcha un intento de golpe de Estado. Este golpe de Estado se daría en la forma que han asumido los golpes de Estado en los últimos años y cuyas víctimas han sido los gobiernos progresistas de America Latina como José Manuel Zelaya (Honduras, 2009), Fernando Lugo (Paraguay, 2012), Dilma Rousseff (Brasil, 2016) y Evo Morales (Bolivia, 2019) y Pedro Castillo (Perú, 2022). No se trata de los clásicos golpes militares sino de los llamados golpes blandos o constitucionales que han sido denominados en su conjunto como “neogolpismo” en tanto que en los derrocamientos son usados los poderes legislativos aduciendo delitos. Se trata del Lawfare (guerra judicial) cuya esencia es la fabricación de delitos haciendo un uso retorcido de la ley. Las fuerzas armadas no son directamente protagonistas del golpe, pero se necesita de su consenso para efectuar tales golpes en tanto que resguardan el orden ante posibles protestas que podrían generar tales rupturas del orden institucional.
Por el discurso de Bernardo Arévalo se puede colegir que la tentativa de golpe de Estado proviene del Pacto de Corruptos, o más precisamente de una parte del Pacto de Corruptos, el cual estaría constituido por “un grupo de políticos y funcionarios corruptos que se niegan a aceptar el resultado de las elecciones”. Básicamente el presidente electo Arévalo acusó de los planes golpistas a la Fiscal General Consuelo Porras, al Fiscal contra la Impunidad Rafael Curruchiche y al juez Fredy Orellana quienes estuvieron involucrados en la ilegalización del partido Movimiento Semilla, triunfador con Arévalo a la cabeza en la segunda vuelta electoral. El golpe de Estado buscaría impedir el reconocimiento de los resultados electorales a efecto de que Bernardo no pudiera tomar posesión como presidente el 14 de enero de 2024 por lo cual el Congreso tendría que nombrar a un interino para que esté a su vez nombre a un presidente sustituto.
Desafortunadamente para el sector más duro del Pacto de Corruptos, las perspectivas de este golpe de Estado cada vez son más inciertas. La alianza informal que constituye a dicho pacto empezó a resquebrajarse cuando en la primera vuelta electoral Arévalo y Movimiento Semilla lograron pasar al balotaje. Continuó su fractura después de la segunda vuelta electoral y ahora se encuentra en franca crisis en tanto que crece la percepción de que Washington está operando de silenciosa pero demoledoramente en contra del referido sector duro.
Varios son los síntomas que me refieren los observadores del derrumbe apenas contenido del Pacto de Corruptos con quienes me he entrevistado en esta corta estancia en Guatemala: las vacilaciones de la Corte de Constitucionalidad; las del Registro Ciudadano; la actuación del Tribunal Supremo Electoral que ha impedido la ilegalización de Movimiento Semilla por lo menos hasta el 31 de octubre cuando termina el proceso electoral; la incipiente desbandada de los diputados partidarios del referido Pacto de Corruptos; los temores de los funcionarios menores de la Fiscalía General y el Ministerio Público. Todo esto en medio de signos desalentadores de Washington para el tinglado de corrupción y crimen organizado que está gobernando a Guatemala: la presencia vigilante del impresentable Luis Almagro junto con una delegación de la OEA; la llamada de la vicepresidente Kamala Harris a Bernardo Arévalo reconociéndolo como presidente electo; las presiones que la embajada de Estados Unidos está realizando sobre funcionarios gubernamentales; la visita a Guatemala y entrevista con el presidente electo de Richard Verma, subsecretario de Estado de Administración y Recursos de los Estados Unidos.
Pareciera entonces que la denuncia de los planes golpistas por parte del presidente electo Arévalo tienen como objetivo colocar en las noticias dichas denuncias y con la diseminación de estas, debilitar aún más al sector del Pacto de Corruptos que encabeza el presidente Alejandro Giammattei que todavía tendría esperanzas en impedir la asunción de Arévalo en enero próximo. Es revelador el lenguaje corporal y la tesitura de voz tanto de Giammattei como de Arévalo en la primera reunión de transición del mando presidencial. Frente a las delegaciones gubernamentales y del equipo del presidente electo, de Almagro y la delegación de la OEA, fue posible observar a un Giammattei obsequioso y dispuesto a entregar el mando presidencial y a un Arevalo de voz cortés pero dura y concisa. Tiene motivos para observar apenas las cortesías protocolarias: sabe muy bien que Giammattei está mostrando disposición a entregarle el mando presidencial mientras al mismo tiempo detrás de bambalinas conspira con su pareja sentimental Miguel Martinez, Porras, Curruchiche, Orellana y otro/as más para dar el golpe de Estado denunciado por él.
Mientras tanto, la ciudadanía en lo individual y también de manera organizada manifiesta una gran disposición para defender la voluntad popular expresada en las urnas el último 20 de agosto. La concentración popular del 2 de septiembre en la Plaza de la Constitución frente al Palacio Nacional y las manifestaciones en Santa Rosa, Jutiapa, Jalapa, Chichicastenango, Nebaj, Ixcán, la de los 48 Cantones en Totonicapán, Quetzaltepeque, Santa Cruz del Quiché, San Pedro La Laguna (Sololá), San Francisco El Alto y en otros lugares son evidencias de un factor que los duros del Pacto de Corruptos también deben considerar si siguen abrigando planes golpistas. Me refiero a la indignación y rabia popular que estuvo escondida en los pliegues de la sociedad y que las encuestas preelectorales no detectaron. A ese magma subterráneo le debemos esencialmente la nueva situación que vive el país y que es posible respirar caminando por las calles y campos de Guatemala.
