He escrito anteriormente que en Guatemala se ha venido irguiendo una dictadura, una dictadura distinta a la dictadura militar que el país padeció durante casi cuatro décadas, pero dictadura al fin. Esa dictadura es distinta a la militar, porque el eje central de la gobernabilidad no la ejerce el ejército como institución. En este caso esa dictadura es practicada por los funcionarios del Estado insertados en los tres poderes y que expresan los intereses de la corrupción y el crimen organizado. Pero ambos casos, dictadura militar y dictadura de la gobernanza criminal, han sido una manera de funcionar del capitalismo en Guatemala.
En el primer caso, la dictadura militar protegía y reproducía los intereses de la clase dominante mediante el terrorismo de estado y el ejército formaba parte del bloque en el poder. En el segundo, la dictadura delincuencial hace de la corrupción una suerte de pago empresarial para que se mantenga un orden social que se sustenta en una desigualdad extraordinaria y en una pobreza extendida. Reitero que buena parte de los empresarios se ha adaptado al funcionamiento corrupto del Estado y ha participado de dicho funcionamiento porque el mismo favorece enormes márgenes de ganancia, privilegios e impunidad
En la dictadura militar la ejecución extrajudicial, la desaparición forzada y las masacres eran la manera perversa de ejercer el terror que buscaba disciplinar a la población y aniquilar en ella la voluntad de transformación. La dictadura delincuencial, la que ejerce la gobernanza criminal, efectúa el terror a través del asesinato moral y el asesinato judicial. Guerra mediática ejercida por las redes sociales y otros medios de comunicación y guerra judicial haciendo uso del aparato judicial en el país, tales son los métodos de terror disciplinario mediante los cuales se mantiene el bloque en el poder. Este está constituido por viejos y nuevos empresarios, funcionarios corruptos, narcotraficantes-crimen organizado y la derecha neofascista.
Hoy la dictadura de la gobernanza criminal se está tambaleando porque perdió la oportunidad de seguir controlando el poder ejecutivo. El binomio presidencial constituido por Bernardo Arévalo y Karin Herrera han sido reconocidos como los ganadores de la contienda electoral del 20 de agosto. Es un hecho casi consumado que tomarán posesión el 14 de enero de 2024 por lo que el presidente Alejandro Giammattei los ha convocado para iniciar el trámite de entrega-recepción.
Se trata entonces de hacerlos llegar al gobierno en la mayor debilidad posible. Por eso han ilegalizado a Movimiento Semilla, con lo cual le agregan a su bancada una debilidad cualitativa a la cuantitativa que ya tiene en el Congreso. Se busca un presidente sin partido. Agrietado por el miedo a las consecuencias que tendrían sus integrantes en caso de que la causa democrática prevaleciera, el Pacto de Corruptos sigue dando coletazos desesperados: el Registro Ciudadano ha convalidado la decisión de quitarle al partido de Bernardo Arévalo la personería jurídica; ha apresado a la abogada Claudia González, defensora del exfiscal contra la impunidad Juan Francisco Sandoval y de la exfiscal anticorrupción Virginia Laparra; ha allanado las oficinas profesionales de su esposo; también cobardemente ha allanado la casa de los padres del referido exfiscal Sandoval; ha dictado medidas de amedrentamiento contra las personas que han capturado los datos en los dos vueltas electorales; la fiscal general Consuelo Porras ha metido un amparo en la Corte de Constitucionalidad para que haya penalizaciones contra quienes la critican públicamente por su represivo comportamiento.
Debilitar al presidente electo y a su partido, amedrentar a quienes los apoyan, lograr las mejores condiciones para entregar el poder ejecutivo y una vez instalado el nuevo gobierno boicotearlo para que la ciudadanía se desencante, tal parece ser la estrategia del Pacto de Corruptos para prevalecer y volver a gobernar. La lucha en las semanas que siguen será por lograr que la gobernanza criminal no logre su objetivo. He aquí el desafío.
