Las noticias que leo sobre Perú son estremecedoras. Desde el momento en que el presidente Pedro Castillo fue derrocado por estos nuevos golpes de estado que se observan desde el derrocamiento de José Manuel Zelaya en Honduras (2009) y Fernando Lugo en Paraguay (2012), la “democracia” rescatada por los golpistas ha sumido al Perú en un baño de sangre. En el momento de escribir estas líneas la impuesta presidenta Dina Boluarte lleva 41 días ejerciendo la primera magistratura del país y suman también 41 las personas que han sido asesinadas por las fuerzas represivas de su gobierno. En total, Perú suma 49 asesinados desde el 7 de diciembre cuando fue Castillo destituido y encarcelado.
Las policías y las fuerzas armadas no han escatimado crueldad en la represión en las provincias y departamentos en los cuales se ha concentrado la resistencia al golpe y las exigencias de liberación de Castillo, la renuncia de Boluarte, la disolución del corrupto congreso y la celebración de elecciones anticipadas. Apurimac, Cajamarca, Ayacucho, Arequipa, Puno, Cusco y la misma Lima son los nombres de los lugares de Perú de donde nos llegan las noticias de las cruentas represiones sin dejar de mencionar a Juliaca, la ciudad de Puno en la que el 9 de enero se observó la masacre de al menos 17 personas.
Mientras nos enteramos de que al menos 600 personas han sido heridas y 300 más han sido encarceladas, la narrativa neoliberal cada vez más encuentra dificultades para sostener que la defenestración de Castillo se hizo contra un presidente golpista que quería acabar con la democracia. La dictadura mediática pregonó durante los días siguientes al golpe de estado contra Castillo que se había salvado la democracia y evitado que Perú se viera sumido en una dictadura totalitaria. Una dictadura totalitaria como las que se viven en Cuba, Venezuela y Nicaragua.
Podemos discutir la naturaleza del régimen de Nicaragua, ante el cual tengo muchas dudas. Pero lo que me parece indudable es que el imperio, las derechas nacionales e internacionales tienen estándares distintos para medir lo que es democracia, lo que es dictadura y lo que significan los muertos que genera la represión. Me pregunto que hubiese sucedido en las grandes cadenas transnacionales de medios de comunicación y en los monopolios mediáticos que observamos en los distintos países de la región, si esto que estamos observando en Perú hubiese acontecido en alguno de los tres países mencionados.
Piñera en Chile y Duque en Colombia se emplearon a fondo con la represión a las movilizaciones populares de carácter antineoliberal que se observaron en 2019-2020 y 2021 respectivamente. Los golpes de estado que se han observado en Honduras (2009), Paraguay (2012), Brasil (2016) y Bolivia (2019) han sido valorados de la misma manera que el derrocamiento de Castillo en Perú (2022): medidas necesarias para salvar a la democracia. Los hechos de violencia y las acciones golpistas son barridas debajo de la alfombra por la dictadura mediática. Hoy es un lugar común hablar de Venezuela como de una dictadura, mientras los cuatro años de pesadilla neofascista de Bolsonaro en Brasil son minimizados.
Mientras continúa esta adulteración de la verdad (la llamada posverdad), el Perú profundo, el Perú indígena y campesino, el Perú del sur andino que más allá de filiaciones partidistas sintió que por fin uno de los suyos había llegado a la presidencia, sigue en revuelta contra ese orden reaccionario, racista, clasista y corrupto que los grandes medios llaman democracia.
¿Cuántos muertos más costará mantener esa “democracia”?
