Carlos Figueroa Ibarra
La segunda semana de agosto del presente año de 2022, México presenció una escalada de terror del narcotráfico en los estados de Jalisco, Guanajuato, Chihuahua y Baja California. Lo que resulta característico de esta oleada de violencia es que no necesariamente es la confrontación entre cárteles rivales. Y que los muertos y heridos no son el resultado de las feroces batallas que éstos tienen entre sí. Lo que observamos en los distintos municipios de estos cuatro estados, fueron acciones de represalia contra la población civil por parte de los grupos de sicarios al servicio del crimen organizado. Cuando una organización efectúa acciones de violencia y no discrimina objetivos militares de población civil, estamos observando acciones terroristas. Esto es lo que ha sucedido en México estos días durante la segunda semana de agosto.
La interrupción por parte de las fuerzas de seguridad del Estado mexicano de una cumbre entre dos poderosos capos del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), tuvo como resultado disparos a establecimientos y vehículos e incendios de los mismos, bloqueos de vías y carreteras en los municipios de Silao, Irapuato, Salamanca, Celaya, León y Guanajuato en el estado de Guanajuato y los de Ixtahuacán del Río y Zapopan en Jalisco.
Dos días después estalló en un reclusorio de Ciudad Juárez (Chihuahua) un motín carcelario producto de un enfrentamiento entre los integrantes de dos cárteles (el cártel de Juárez y el de Sinaloa), el cual dejó 3 muertos y decenas de lesionados. La secuela de este motín, fue una ola de atentados que dejaron paralizada la frontera con Estados Unidos y forzaron a un autoimpuesto toque de queda de parte de la población de dicha ciudad. Los integrantes de las bandas de narcos incendiaron tiendas de conveniencia y gasolineras y atacaron a personas en la vía pública con un saldo de once muertos.
Pocas horas después se observaron acciones similares en Baja California de parte de sicarios que realizaron bloqueos en vías de comunicación, interceptaron vehículos, obligaron a sus pasajeros y conductores a bajarse de los mismos y los incendiaron en los municipios de Tijuana, Tecate, Rosarito, Ensenada y Mexicali.
Existen varias interpretaciones sobre estos sucesos que han dejado una imagen caótica de México y por supuesto han sido la oportunidad de las derechas para difundir señalamientos del fracaso del gobierno de Andrés Manuel López Obrador en la contención de la violencia delincuencial. La primera lectura pues, es la de la derecha que interpreta estos actos como el fracaso de la política del Gobierno de la 4T que ha rechazado la alternativa militar y punitiva para contener al narcotráfico y la violencia que éste genera. La imagen de un gobierno débil y dubitativo se difunde, mientras se defiende la idea de la “mano dura” contra el crimen organizado. Olvidan las derechas que esta estrategia es la que falló con Calderón (2006-2012) y Peña Nieto (2012-2018).
La derecha ha propalado otra versión, ésta francamente delirante: la violencia generada por el narcotráfico en las cuatro entidades del país sería debido a un acuerdo entre López Obrador y el crimen organizado para generar un clima subjetivo que facilitaría la aprobación de una ley que el propio Andrés Manuel tiene que enviar a la Cámara de Diputados que legalizaría el que la Guardia Nacional estuviera bajo la jurisdicción de la Secretaría de Defensa Nacional, es decir bajo el mando de las fuerzas armadas. Esta ley se está pensando enviar, aun cuando el gobierno de la 4T lo que quisiera como Plan A sería que esta decisión fuera producto de una reforma constitucional y no simplemente de una ley, que puede derogarse con mayor facilidad si se forma una nueva mayoría simple en dicha cámara.
Existe también otra interpretación: las acciones violentas que el narcotráfico efectúa para crear una imagen violentamente caótica del país suceden cuando los diferentes niveles del Estado sea el nacional, estadual o municipal, incumplen pactos explícitos o implícitos con los distintos cárteles.
Finalmente, otra interpretación es la que una simpatizante de la 4T ha difundido por redes y que el propio Andrés Manuel difundió (sin necesariamente estar de acuerdo con ella) en la rueda mañanera del 15 de agosto de 2022: la clase política neoliberal o algunos de sus sectores, han establecido durante años relaciones de complicidad con los distintos cárteles del narcotráfico. Así las cosas, esta escalada de violencia narcoterrorista bien podría estar asociada a un contubernio para debilitar al gobierno de López Obrador y empezar a erosionarlo con miras a las elecciones nacionales de 2024.
En efecto la propaganda reaccionaria manipula las cifras absolutas de asesinatos acontecidos durante los últimos seis sexenios: Carlos Salinas de Gortari (1988-1994): 78,095; Ernesto Zedillo (1994-2000): 80,311; Vicente Fox (2000-2006): 60,162; Felipe Calderón (2006-2012): 121,613; Enrique Peña Nieto (2006-2018): 157,158: en los primeros cuatro años de Andrés Manuel López Obrador la cifra ha llegado a 119,487. Fácil es concluir que en 2024, la cifra absoluta de asesinatos durante el Gobierno de la 4T superará a la de los sexenios anteriores.
Pero esta manipulación de las cifras absolutas se viene abajo cuando se analizan las variaciones porcentuales durante estos gobiernos. Durante Carlos Salinas de Gortari los asesinatos aumentaron 9.2%; Ernesto Zedillo: disminuyeron 31.2%; Vicente Fox, aumentaron en 1.6%; Felipe Calderón, aumentaron ¡en 192.8%!; Enrique Peña Nieto, aumentaron en 59.0%. En los cuatro años de Andrés Manuel López Obrador los asesinatos han disminuido en 9.1%.
Cabe concluir que el gobierno de la 4T heredó un baño de sangre que desencadenó el panista Felipe Calderón al declararle la guerra al narcotráfico. Que el crecimiento exponencial que originó una política equivocada de contención a dicho crimen organizado, continuó creciendo durante el gobierno de Peña Nieto y finalmente que el gobierno de López Obrador ha contenido la escalada de violencia delincuencial e incluso la ha hecho bajar. El baño de sangre y la escalada terrorista que observamos en este agosto no es sino la continuidad de una desestabilización de las correlaciones de fuerzas entre los distintos cárteles que Calderón propició a partir de diciembre de 2000.
Pese a los logros del gobierno de López Obrador, no puede negarse que el problema de la seguridad nacional acaso sea el más complicado que enfrenta la 4T. México enfrenta a las organizaciones criminales más poderosas del mundo, está cerca del mercado de la droga más grande del mundo y el gobierno estadounidense no hace nada para parar el masivo flujo de armas de asalto por su frontera sur. Así de grande es el desafío de la 4T.
