Carlos Figueroa Ibarra.
A lo largo de diez y ocho meses, el histórico comandante insurgente César Montes ha permanecido en cautiverio. Primero en el Cuartel General Matamoros y luego en el Cuartel Militar Mariscal Zavala. En este mes de marzo, César cumplió 80 años, una edad que debería permitirle por lo menos llevar su proceso judicial en arresto domiciliario. La justicia de un Estado criminal como el que ahora observamos en Guatemala, se ha ensañado con él. El Fiscal de Delitos de Narcoactividad del Ministerio Público pidió para César el lunes 14 de marzo, una condena de cincuenta años de prisión por la acusación de haber estado implicado en el asesinato de tres marinos en septiembre de 2019 en la aldea Chajmayik también conocida en Semuy 2 en El Estor, Izabal.
Es de hacer notar que las solicitudes de condenas para ocho habitantes del lugar y que se encontraban en el lugar en el momento de los hechos de violencia, oscilan entre dos y ocho años de cárcel. César Montes no pudo ser autor material del crimen cometido contra los tres marinos porque se encontraba a cientos de kilómetros del lugar, ni tampoco pudo haber sido autor intelectual del asesinato porque no tuvo comunicación alguna con los habitantes de Semuy II ni antes, ni durante ni después del sangriento hecho. La presencia de los marinos en Semuy II no fue conocida con anticipación así que los hechos se dieron repentinamente. Además, no existe señal telefónica en el lugar por lo que era imposible que César se comunicara por esa vía con los pobladores.
Lo que sucede es que en Guatemala existe una justicia cooptada por los peores intereses y buena parte de los jueces actúan por consigna. Resulta raro que un asesor de la presidencia haya hecho una llamada al referido tribunal preguntando a cuantos años de cárcel se había condenado a César Montes. Uno de los habitantes que estuvo presente en el enfrentamiento con los militares, Agustín Chub Chuc, apareció ahorcado poco después del incidente en un supuesto suicidio. Todo lo que rodea al caso aparece como la fabricación de un cargo contra un personaje histórico de la insurgencia en Guatemala, en un contexto en el que jueces y fiscales y funcionarios de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) están siendo perseguidos, encarcelados o han tenido que salir al exilio.
En Guatemala el Estado ha sido capturado por una alianza del crimen organizado, antiguos genocidas y la delincuencia de cuello blanco. Habiendo sido defenestrada la CICIG, el Pacto de Corruptos que gobierna al país y que tiene el control de las instancias decisivas del Estado guatemalteco, está devolviendo con venganza los golpes que le propinaron la justicia transicional a los violadores de derechos humanos y la justicia anticorrupción a los corruptos e integrantes del crimen organizado.
El martes 29 de marzo se decidirá si César Montes es absuelto y liberado en un verdadero acto de justicia o si el sistema judicial lo condena a muerte en vida. ¿Cuántos años puede pasar César Montes en la cárcel a sus 80 años? ¿Cincuenta años como pide el Fiscal? ¿Treinta si le encuentran algún atenuante? ¿ocho años como están pidiendo a las personas que estuvieron en el lugar de los hechos? Cualquiera que sea el veredicto que no sea la absolución, será el triunfo del reaccionario proyecto criminal que persigue ferozmente a luchadores sociales y también a los funcionarios honrados que buscaron castigar a los corruptos que hoy mandan en Guatemala.
