Carlos Figueroa Ibarra
Después de veinte días de resistencia del pueblo Q´eqchi’ en El Estor, (Izabal, Guatemala) contra la entrada de camiones con carbón necesario para la mina instalada en ese lugar, unos 600 efectivos de la policía y del ejército en decenas de vehículos, rompieron violentamente el cerco puesto por la población. Eso sucedió el viernes 22 de octubre y la represión culminó el 24 de octubre con la imposición del Estado de Sitio por el gobierno de Alejandro Giammattei. El Congreso de Guatemala ratificó por treinta días dicho Estado de Excepción, en medio de intervenciones de diputados y diputadas asociado/as al Pacto de Corruptos señalando como terroristas a los habitantes de dicho municipio.
Conviene recordar que el conflicto por las operaciones mineras asociadas al níquel lleva ya medio siglo. En 1970 una comisión investigadora integrada por el diputado Adolfo Mijangos López, por los abogados Julio Camey Herrera y Alfonso Bauer Paiz y el economista Rafael Piedrasanta Arandi, presentó un informe denunciando la onerosa concesión hacia la empresa Exmibal. Entre noviembre de 1970 y enero de 1971 la dictadura asesinó a Camey Herrera y a Mijangos, hirió gravemente a Bauer Paiz mientras que Piedrasanta tuvo que exiliarse. El mismo conflicto estuvo detrás de la masacre de Q’eqchí’es en Panzós en mayo de 1978 y de diversos asesinatos observados en los años siguientes.
La ocupación violenta de El Estor por las fuerzas represivas se debe a su rebeldía ante una simulación operada por el Ministerio de Energía y Minas con respecto a la consulta previa, libre e informada ordenada hace algún tiempo por la Corte de Constitucionalidad. Se trata de cumplir espuriamente lo que estipula el Convenio 169 de la OIT. La consulta quiere realizarse entre personas ajenas en su mayoría a la población del municipio. También quiere reducirse la extensión del territorio consultado. Se trata pues de hacer una seudo-consulta para legitimar las operaciones de la empresa rusa Solway Investment.
No es cualquier Estado el que ahora está reprimiendo al pueblo Q’eqchi´ en El Estor. Es un Estado Criminal cooptado en la mayoría de sus instituciones, por el crimen organizado y la delincuencia de cuello blanco. A fines de abril de 2021, según notas periodísticas, el presidente Giammattei habría recibido en su residencia a una persona de nacionalidad rusa con una alfombra llena de dinero como regalo. A cambio se le debería dar una concesión aduanera en el Puerto de Santo Tomás de Castilla.
En el trasiego de ese regalo y otros paquetes, habría estado inmiscuida la empresa Mayaniquel que opera en Alta Verapaz e Izabal prospección, exploración, excavación, transporte y exportación de níquel. En junio, la Fiscalía Especializada contra la Impunidad a cargo de Juan Francisco Sandoval se encontraba investigando este caso. Pronto la fiscal general, Consuelo Porras, se presentó en la FECI para averiguar qué pruebas había del caso. El 23 de julio el fiscal Sandoval fue destituido y salió al exilio. He aquí pues la colusión en Guatemala, entre capitalismo salvaje, crimen, corrupción, despojo territorial y violencia sin límites.
