Carlos Figueroa Ibarra
El pasado 8 de octubre se cumplió un año desde el día en que en Acapulco (México), el Comandante César Montes fue ilegalmente capturado por el Gobierno de México y por ello se encuentra encarcelado en Guatemala. El arresto fue ilegal en tanto que el Comandante César Montes gozaba del estatus de refugiado político extendido por la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR). Su detención y deportación por el Gobierno de México en menos de 24 horas violó todas las regulaciones legales y la tradicional política de asilo del Estado en México. Fueron agencias del mismo gobierno las que capturaron a César Montes. Testigos presenciales informaron que la captura fue realizada por agentes de la Fiscalía General de la República (FGR), tres vehículos del Instituto Nacional de Migración (INM), tres camionetas armadas de ametralladoras de la Marina Nacional además de la participación de agentes de la Interpol.
Desafortunadamente un año después de que este hecho ha sido denunciado, no ha habido ninguna aclaración con respecto a quiénes fueron los responsables del referido acto ilegal ni tampoco información sobre si es cierto o falso cómo se conjeturó que el acto fue un hecho debido a la corrupción de mandos medios y bajos. No puede tenerse ningún prurito en manifestar lo anterior: por fortuna hoy se vive en México bajo un Gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador quien ha reiterado que no será cómplice ni tapadera de nadie.
Pese a frisar en los ochenta años a César no se le ha permitido gozar de medidas sustitutivas como el enfrentar en arresto domiciliario el proceso judicial. En realidad enfrenta una justicia segada y parcial, un clima de odio desatado por sectores ultraderechistas, además de una justicia intencionalmente morosa para tenerlo en la cárcel el mayor tiempo posible. Se le acusa de haber estado involucrado en la muerte de tres efectivos del ejército guatemalteco en la localidad de Semuy II en el departamento de Izabal de Guatemala. En realidad se encontraba a cientos de kilómetros de ese lugar y pese a su evidente inocencia, el gobierno montó una campaña de odio contra él y una cacería con policías y fuerzas armadas para asesinarlo por lo que tuvo que refugiarse en México. Estando ya encarcelado en el Cuartel de Matamoros en la ciudad de Guatemala, el Ministerio Público lo acusó de asesinato, asesinato en grado de tentativa, usurpación agravada y asociación ilegal de gente armada. Además le agregó un cargo por invasión de tierras.
El nueve de octubre, el día en que César Montes cumplió un año de estar en cautiverio, empezó a circular un manifiesto internacional firmado por 357 personalidades y 31 organizaciones de diversas partes del mundo denunciando estos hechos y exigiendo su libertad. El desprestigio del gobierno y la justicia en Guatemala es tan grande debido a la fama negra del llamado pacto de corruptos, que para el mundo lo que hoy vive César Montes no es más que un acto de injusticia y corrupción.
