Carlos Figueroa Ibarra
Al escribir estas líneas se sabe que México y Argentina han llamado a sus embajadores en Nicaragua “para consultas”, por “las preocupantes acciones políticas-legales” del gobierno de Daniel Ortega, aunque sin condenar sus acciones. Éstas no son sino acciones represivas contra la oposición como el arresto de cinco posibles candidatos presidenciales y muchos opositores más, entre ellos figuras históricas del sandinismo como Hugo Torres, Dora María Téllez y Víctor Hugo Tinoco. Dos partidos políticos fueron despojados de personería jurídica. Todo ello sucede a cinco meses de la cuarta reelección de Ortega ahora por segunda vez en fórmula con su esposa Rosario Murillo
Anteriormente ambos gobiernos exhortaron a no intervenir en los asuntos internos de dicho país deslindándose de la OEA, la cual a mediados de junio se apresuró a condenar los arrestos de opositores nicaragüenses. México ha expresado inequívocamente a través del canciller Marcelo Ebrard la bajísima consideración que tiene de Luis Almagro: evalúa su gestión como la peor o una de las peores de la OEA. En efecto, la OEA fue parte del golpe de Estado contra Evo Morales en 2019 y ahora se ha apresurado a condenar a Nicaragua mientras ha ignorado las atrocidades cometidas contra los manifestantes en Chile y Colombia y la ofensiva reaccionaria contra el triunfo de Pedro Castillo en Perú.
A lo largo de su historia los Estados Unidos de América y la OEA han agredido a Nicaragua una y otra vez. EUA invadió a Nicaragua a través de William Walker en 1855, 1857 y 1860, la ocupó entre 1912 y 1933, mantuvo una dominación neocolonial a través de la dinastía Somoza hasta 1979. Luego entre ese año y 1990, sometió al país a una sangrienta guerra de baja intensidad. En 2018 estalló una revuelta contra el gobierno Ortega-Murillo con la participación encubierta de Washington, la cual nos recordó a las guarimbas venezolanas. En diciembre de 2018 Donald Trump firmó la llamada Nica Act que no es sino un bloqueo financiero a Nicaragua.
A fines de 2017 el gobierno de Ortega parecía gozar de una enorme legitimidad. Había logrado alianzas importantes con el gran capital, la alta jerarquía religiosa y mantenía un modus vivendi con Washington. Además contaba y sigue contando con un fuerte apoyo popular. Hasta el estallido de la crisis de 2018 y la Nica Act, el país había crecido a un 5%, tenía cifras importantes en desarrollo turístico y carretero, electrificación, seguridad, inmunización, equidad de género, disminución de mortalidad infantil y pobreza, atención a la niñez. Ciertamente muy diferente al Triángulo Norte de Centroamérica.
Todo bien hasta el estallido de abril de 2018 motivado por una reforma regresiva a jubilaciones, pensiones y aumento de cuotas de derechohabientes del seguro social. Desde el 2018 las alianzas logradas han trastabillado y las falencias (reeleccionismo, nepotismo, autoritarismo etc.,) han salido a luz. La oposición se encuentra dividida, sin oferta fiable y en su mayoría dependiente de EUA. Pese a ello, el FSLN está sentado en una bomba de tiempo, porque el progresismo no puede asentarse en el autoritarismo.
