Hace cuatro días se cumplieron dos años de la firma del Acuerdo Agrario, concertado entre el Presidente y cuatro organizaciones campesinas (CUC, CCDA, UVOC y NUEVO DÍA); las cuatro cuentan con la legitimidad que les da su histórica lucha.
Básicamente, dicho Acuerdo se refiere a dos temas agrarios (atención a conflictividad agraria y acceso a la tierra) y a dos temas más amplios relacionados con el desarrollo rural (el impulso de la economía campesina en su poliactividad como parte de la economía social y la articulación territorial de las políticas sectoriales relativas al desarrollo rural). Se reconoció en dicho Acuerdo que el marco referencial lo constituyen el Acuerdo de Paz sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria y la Política Nacional de Desarrollo Rural Integral, PNDRI. También se constituyó una instancia política para darle seguimiento al proceso de su cumplimiento, que se integró con el Consejo Campesino (las organizaciones signatarias) y el gobierno.
Desafortunadamente, el Acuerdo Agrario está insuficientemente cumplido, a pesar de que la voluntad política del Presidente ha sido expresada reiteradamente y la Secretaría Privada le ha dado seguimiento a su limitada implementación.
Las instancias de gobierno responsables de ejecutar lo pactado son, principalmente, el MAGA, el Mineco y la SCEP. Lamentablemente, ninguna de las tres asumió como prioridad cumplir con el compromiso presidencial.
Para el MAGA el Acuerdo Agrario es apenas una tarea más de su cartera. No la ha asumido como prioridad. En este ministerio no se han realizado las transformaciones institucionales que se requieren para que la agricultura familiar, columna vertebral de la economía campesina, sea su responsabilidad prioritaria. Y tampoco ejerció suficiente liderazgo en el Consejo Directivo de FONTIERRAS para que su nueva Agenda Estratégica, recientemente aprobada, se orientara con fuerza hacia el objetivo de favorecer la transformación de la estructura de tenencia de la tierra, que era la pretensión que se tenía con los Acuerdos de Paz que le dieron origen. El MAGA se cuida de no inconformar a la Cámara del Agro.
En el Mineco, ente rector de la economía nacional, se ha ignorado impulsar la economía campesina en su dimensión no agropecuaria como parte de la economía social. No se entendió que haber pactado transformar el Viceministerio de las Mipymes en uno de Mipymes y Economía Social era una decisión política trascendental. Significaba un cambio sustancial en la función rectora del Mineco respecto de la economía nacional. ¡Ni más, ni menos, que fomentar la economía social como una política de estado!
En la SCEP, promover la articulación territorial de las políticas sectoriales relacionadas con el desarrollo rural no es algo que haya estado en sus propósitos.
Paralelamente, entre los liderazgos de las organizaciones campesinas signatarias del Acuerdo lamentablemente ha privado el impulso de sus intereses y visiones particulares (que pueden ser legítimos). No se asumió la lucha unitaria por su cumplimiento integral. Pero, reconociendo esta debilidad en el liderazgo campesino, el compromiso de cumplir el Acuerdo Agrario era y es del gobierno. El deficiente cumplimiento de este no se puede justificar aduciendo los problemas existentes entre el liderazgo campesino.
En síntesis, la voluntad política del Presidente al firmar el Acuerdo y expresada en reiteradas ocasiones, así como en el seguimiento que le ha dado a su limitado cumplimiento la Secretaría Privada de la Presidencia, no tiene como correspondencia el compromiso y la práctica de los funcionarios de primer nivel encargados de implementar lo acordado.
Sin embargo, todavía es tiempo de recuperar el Acuerdo Agrario. Tres temas podrían ser prioritarios para ello: la construcción de una nueva institucionalidad agraria ahora inexistente después que el gobierno anterior eliminara la Secretaría de Asuntos Agrarios; el impulso de la economía campesina como parte de la economía social, la que debería tener una trascendencia nacional más allá de la economía campesina; y la articulación territorial de las políticas sectoriales relacionadas con el desarrollo rural, para lo cual los gabinetes departamentales son el espacio pertinente para territorializar la PNDRI.
Estoy convencido de la voluntad política presidencial, pero falta el alineamiento con esta voluntad de los Ministros (as) y Secretarios (as) pertinentes.
El gobierno de Bernardo Arévalo debe rescatar el Acuerdo Agrario. Paralelamente, el liderazgo campesino debería asumir de manera unitaria la lucha por su efectivo cumplimiento. Esta lucha unitaria debería incluso trascender a las organizaciones signatarias.
