En Guatemala, a lo largo de la historia, reiteradamente se pierden las oportunidades de concretar proyectos de unidad nacional. Ahora estamos en una situación en la cual esta posibilidad se presenta. Tenemos la oportunidad de resolver positivamente una coyuntura crítica, cuyo desenlace tendría una proyección estratégica: avanzar sustancialmente en la recuperación de la cooptada institucionalidad estatal es crucial para lograrlo.
En favor de esta pretensión está, en primer lugar, un Presidente reconocido por su honorabilidad y carácter democrático republicano.
Están también importantes élites empresariales que afortunadamente entendieron su equivocación al ser serviles y tontamente oportunistas con relación a las redes político-criminales. Se vieron en el espejo de Nicaragua, donde los empresarios terminaron siendo rehenes del poder de la pareja presidencial Ortega/Murillo.
De igual manera, cuenta en favor de esta pretensión de unidad nacional para recuperar la institucionalidad estatal el rechazo social a la cara visible de las redes político-criminales: el Ministerio Público y jueces y magistrados que constantemente cometen el delito de prevaricato.
También se mantiene como un factor sustancial el apoyo del poder imperial norteamericano al gobierno del Presidente Arévalo y a su cruzada por recuperar la institucionalidad cooptada, lo cual es “mérito” de su subordinación a la política de seguridad nacional de la actual administración estadounidense.
Hay dos elementos a favor de recuperar la institucionalidad estatal que quiero resaltar con especial énfasis porque los considero históricamente relevantes. En primer lugar, la madurez de las autoridades ancestrales de los pueblos indígenas, quienes, a pesar de todo, mantienen su respaldo a la democracia y al Presidente en su cruzada por recuperarla. Y, en segundo lugar, la posición de las fuerzas armadas. En reciente entrevista radial, el Ministro de la Defensa afirmó, palabras más, palabras menos, que el ejército garantizaba que Bernardo Arévalo entregaría su cargo el 14 de enero del 2028.
En este contexto, la nada casual crisis que provocaron las maras el fin de semana pasado ha tenido un efecto negativo y debilitador para las redes político-criminales a las cuales pertenecen. Se desenmascaró su maniobra orquestada y el gobierno hasta ahora ha salido fortalecido. El reciente mensaje del Presidente proyectó una imagen de fuerte liderazgo, que ya se había debilitado. Franqueado por el Ministro de la Defensa y por el de Gobernación la población percibió fuerza y decisión. Su mensaje que un gobierno democrático por ser tal no es débil es impactante.
La derrota de las pandillas significará el debilitamiento notable de las redes político-criminales. Recuperar las cortes, el Tribunal Supremo Electoral y el principal ícono de estas redes, el Ministerio Público, sería el resultado esperado en esta coyuntura de proyección estratégica. Corresponde cerrar filas alrededor del liderazgo presidencial para lograr este objetivo.
Los impulsos individualistas o grupales de actores que convergen en este propósito, pero que no pueden actuar sin tener agendas propias (protagonismos personales, posicionamientos políticos, proyectos que piensan presentar como las ONG, etc.) son bienvenidos, siempre y cuando sus intereses particulares no intenten debilitar el liderazgo presidencial en esta cruzada.
Es importante que los actores sociales vinculados a los sectores populares sigan actuando con sabiduría, comprendiendo que esta batalla por recuperar el carácter republicano democrático del Estado continúa siendo trascendental, sin abandonar la lucha por las transformaciones estructurales del país.
Pero, como contrapartida, el Presidente ya no debe ver solo para arriba (las élites empresariales) y hacia el norte (la estampilla con la santa imagen de Trump). Su reiterada expresión “Sin democracia no hay justicia social, pero sin justicia social no hay democracia” no debe ser únicamente un slogan de su gobierno.
