Hoy llegamos a la mitad del mandato presidencial de Bernardo Arévalo.
Sólo este hecho podría considerarse un triunfo para él y la democracia. Las redes político criminales y el narco que subyace no lograron evitar que Arévalo asumiera la Presidencia, ni han tenido éxito en sus intentos golpistas. Hay tres actores que son los protagonistas de este relativo, pero importante triunfo.
En primer lugar, el propio Presidente, quien ha sido coherente con su “obsesión institucionalista” y decidió librar la batalla respetando dicha institucionalidad a pesar de estar cooptada. En segundo lugar, la inédita movilización de indígenas que paralizó el país exigiendo una democracia que siempre los ha excluido. Y, en tercer lugar, el gobierno estadounidense, en ese momento en manos del partido Demócrata, que abiertamente apoyó a Bernardo Arévalo.
Ahora, dos años después, el gobierno inteligentemente ha logrado mantener el apoyo de los Estados Unidos, a pesar de los malos augurios que entusiastamente expresaron los golpistas con la llegada de Trump al poder. Es, en estos momentos, el principal respaldo que Bernardo Arévalo tiene, para lo cual se ha subordinado total e incondicionalmente a la estrategia de seguridad nacional que impulsa Trump.
El Presidente también ha logrado atraer a las élites empresariales (con pocas excepciones), demostrándoles que no necesitan de una “Espada de Damocles” para no caer en la tentación de impulsar una visión política progresista que los pueda afectar. El aumento al salario mínimo decretado por el Presidente el año pasado los inconformó, pero el gobierno logró neutralizar esta inconformidad.
Y el tercer actor, los pueblos indígenas, quienes aún permanecen apoyándolo, están cada vez menos optimistas sobre lo que se puede lograr para sus intereses con el gobierno.
En términos de gestión gubernamental, ha tenido que navegar contra corriente. La institucionalidad fue virtualmente destruida por la corrupción y la impunidad durante los gobiernos anteriores. Y, la institucionalidad del Estado en general se ha dedicado a boicotear su gestión, aunque también hay importantes deficiencias políticas y técnicas que son responsabilidad de quienes gobiernan.
La debilidad política del gobierno se expresa en la correlación de fuerzas que enfrenta en el Congreso y, por si eso fuera poco, se ha visto también debilitado por la precipitación, desleal por cierto, de la fracción de Semilla que abandonó el barco buscando con bastante oportunismo el horizonte del próximo proceso electoral y no centrándose en el titánico esfuerzo de navegar contra corriente que el Presidente intenta.
Ahora bien, ante esta fotografía, muy básica, de la situación actual del gobierno, la pregunta obligada es: ¿Y ahora qué?
A nivel internacional, la imagen progresista de este gobierno casi ha desaparecido, dada su subordinación incondicional a Trump. Sin embargo, su legitimidad democrática sigue siendo reconocida. Si se atreve, su política exterior debería aferrarse a los contenidos de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas, “… en particular el respeto a la soberanía y la integridad territorial de los Estados, la prohibición del uso o la amenaza del uso de la fuerza y la solución pacífica de las controversias”, tal como lo expresó a las pocas horas de haberse producido la agresión de Estados Unidos a Venezuela.
A nivel nacional, el liderazgo que ha planteado en su reciente mensaje a la nación relativo a la recuperación de la institucionalidad estatal cooptada por las redes político criminales, es acertado. En este ámbito es posible construir importantes convergencias, social y políticamente plurales.
Pero, en lo relativo a sus alianzas internas, su brújula debe moverse hacia los sectores populares, especialmente los pueblos indígenas. Si no lo hace, terminará instrumentalizado por las élites empresariales. Y, si se decide a mover la brújula de sus alianzas en esta dirección, hay al menos tres plataformas en las cuales puede moverse, que son: el hasta ahora sustancialmente incumplido Acuerdo Agrario que firmó con los liderazgos campesinos; la territorialización de las políticas de desarrollo vía gobiernos departamentales con la incorporación prioritaria de los pueblos indígenas en dicha territorialización; y el impulso de la economía social, como una estrategia para democratizar la economía nacional. Mi opinión es que el Presidente tiene suficiente voluntad política para hacer esto, pero una parte de sus funcionarios de primer nivel no piensan como él, ni lo siguen.
