La semana pasada se publicaron notas periodísticas con el título “Castillo Hermanos logra avances históricos en la lucha contra la desnutrición con su programa Guatemaltecos por la Nutrición”. Castillo Hermanos es una empresa multinacional de origen guatemalteco y dicha nota se refiere a un programa que han impulsado en dos regiones de Huehuetenango: Región 1 (La Libertad, Cuilco y La Democracia) y Región 2 (Santa Eulalia y San Pedro Soloma).
Los meritorios resultados se pueden sintetizar en el logro de haber reducido la desnutrición crónica en esas comunidades del 6% a 0.38%, en tan solo tres años de intervenciones.
La lógica que prevalece en estos programas es la de un enfoque que abarca la alimentación y nutrición, el cuidado de la salud, el entorno familiar seguro, el registro e identidad de los niños y la estimulación temprana. Suelen también incluir consejería nutricional, entrega de alimentos terapéuticos, fortalecimiento de capacidades familiares, visitas domiciliarias y la creación de espacios de atención integral. A veces también “juega a la comidita”, impulsando huertos familiares para la subsistencia.
Sin restarle ningún mérito a este resultado y pensando con un horizonte más amplio, es necesario reflexionar sobre dos cuestiones que considero estratégicas.
Primero que cinco comunidades pueden ser ejemplos de lo que se puede hacer, pero obviamente el problema de la desnutrición crónica infantil es nacional y la escala del impacto que se requiere no puede lograrse sin la intervención estatal, vía políticas públicas.
Y, segundo, que la desnutrición crónica infantil es un efecto de condiciones históricas y estructurales que las determinan, sin cuya transformación no estaremos modificando sus raíces.
El tema de fondo es el desarrollo territorial que, desde “abajo”, impacte en las condiciones de pobreza, exclusión y desigualdad que subyacen. Y, dado que es en las áreas rurales donde prevalecen los principales índices de desnutrición crónica infantil, el relegado tema del desarrollo rural integral vuelve a hacer presencia. El Estado no puede seguir evadiendo su responsabilidad histórica de impulsar una política dirigida a lograrlo. Y, menos aún, un gobierno que se dice progresista.
Por importante que sea, no puede atrincherarse en el tema de la política de Seguridad Alimentaria y Nutricional, (SAN). Efectivamente impulsarla es, en sí misma, un reto, pero es fundamental ir más allá de enfrentar un efecto, por dramático que sea.
El gobierno debe, ya sin más atrasos, abordar el tema del desarrollo rural integral, para lo cual existe una política formalmente vigente Política Nacional de Desarrollo Rural Integral, (PNDRI), aprobada por el Acuerdo Gubernativo 196/2009). La desnutrición crónica infantil debe ser un “indicador bandera” que resuma el impacto de los avances en el desarrollo de los territorios rurales.
La PNDRI debe ser TERRITORIALIZADA, sólo así dejará de ser únicamente una poesía inspiradora. Debemos entender que ella no es una política sectorial más, como equivocadamente ha sido interpretada; es un marco estratégico para avanzar hacia una visión multi e intersectorial que permita, con la indispensable participación de los actores territoriales, que los territorios rurales salgan del rezago en que se encuentran sumidos.
Y este gobierno aún lo puede intentar. Estamos tarde, pero a tiempo.
