El día de ayer es un hito en la historia de Colombia. El otrora líder político indiscutible de ese país, el expresidente Álvaro Uribe, fue condenado por los delitos de fraude procesal y soborno a testigos realizados con la finalidad de que declararan a su favor al ser acusado por el Congreso de tener vínculos con grupos paramilitares. La condena aún no está firme porque será apelada ante el órgano jurisdiccional que corresponda.
Este hecho sucedido en Colombia, de trascendencia internacional, pone en el escenario la relación entre justicia y política, es decir de la perversión de la judicialización de la política y de la politización de la justicia, dos expresiones complementarias, que son caras de la misma moneda. La “guerra legal” o “warfare”, fenómeno que está sucediendo principalmente en América Latina, es un contexto del cual no escapa el análisis que al respecto se haga.
Judicializar la política es recurrir a la justicia para resolver cuestiones que deberían ser competencia de actores políticos o instituciones democráticas. La otra cara de la moneda es la politización de la justicia, que se manifiesta en las decisiones jurisdiccionales de jueces y magistrados motivadas por consideraciones políticas que los lleva a distanciarse de la interpretación legal.
En todo caso, con esta moneda se paga la destrucción de la democracia republicana, en la cual es fundamental entender la necesaria relación que existe entre justicia y política, que es sumamente compleja. Sin embargo, esta imbricación no niega la existencia de una frontera entre ambas.
En Guatemala, por ejemplo, es grosera la ruptura de esa frontera. El Ministerio Público y una parte sustancial de las altas cortes trataron de evitar que Bernardo Arévalo tomara posesión del cargo al que fue electo, pretendiendo para ello accionar penalmente para intentar anular los resultados de la elección. Y, al no haber podido lograrlo debido a la movilización indígena que a nivel nacional lo evitó, siguen intentando por medio de resoluciones judiciales dar un golpe de Estado, es decir defenestrar al presidente Arévalo.
Esto es lo que se conoce como “golpes de Estado blandos”, o sea los intentos por derrocar un gobierno o incluso de cambiar el orden político sin involucrar, como era la tradicional definición de golpe de estado, a la violencia militar directa. En esta pretensión se recurre a estrategias de desestabilización, a presiones sociales manipuladas o a manipulaciones del sistema de justicia, es decir mediante la judicialización de la política.
Comparando lo anterior con lo que sucedió ayer en Colombia, la diferencia es clara. Álvaro Uribe no ejerce función pública alguna, ni es posible candidato para regresar a la Presidencia.
Sin embargo, es innegable que la resolución que dictó la jueza Sandra Heredia tiene un impacto político en Colombia y en el mundo, que es castigar la utilización de la criminalidad para ejercer el poder político del Estado, expresada, en el caso colombiano, mediante la relación con los “paramilitares”, fuerzas ilegales armadas que reprimieron brutalmente a la población de ese país en la lucha contrainsurgente que allí se desarrolló.
Esas prácticas criminales en la política impulsadas por los sectores hegemónicos no deben repetirse en América Latina, ni en lugar alguno.
El hecho que el sentenciado sea un líder político no convierte esta resolución judicial en una politización de la justicia. Las derechas colombianas son golpeadas por esta sentencia, pero lo serán aún más en la medida en que intenten deslegitimarla recurriendo al argumento de que es un fallo que responde a un objetivo político y no a un criterio legal. Hacerlo es una defensa de la impunidad criminal con la cual actuaron durante el conflicto armado. Y el apoyo de los Estados Unidos a ese objetivo responde al involucramiento cómplice que ellos tuvieron en esta estrategia contrainsurgente.
Es por esa razón que esta sentencia polariza a la sociedad colombiana. Son necios los que la niegan. Lo relevante es entender quiénes la provocan. En Colombia y en América Latina hay que cerrar filas en la defensa de esta sentencia judicial, por lo que ella significa para la democracia. Y esto sin duda nos polariza políticamente con las derechas criminales y, a nivel social, con los sectores que sean manipulados por ellas. No lo neguemos, ¡enfrentémoslas!
