Hay que empezar por reconocer que el STEG y, particularmente su principal y “eterno” dirigente, Joviel Acevedo, son objeto de un fuerte rechazo de la población, el cual tiene fundamento. El liderazgo de este emblemático sindicato (por la historia de lucha que lo caracterizó en tiempos de la Revolución de Octubre), lo condujo a una conducta oportunista, con disposición y capacidad para negociar con diferentes gobiernos corruptos, en una relación de cooperación/chantaje. Los últimos gobiernos siempre cedieron a sus pretensiones, las cuales fueron fundamentalmente alrededor de las reivindicaciones inmediatas de los maestros y los privilegios para los dirigentes. El STEG es el sindicato más grande del país y con una significativa capacidad de movilización para presionar al gobierno de turno.
Pero ahora, el gobierno de Bernardo Arévalo decidió poner un alto a esta situación históricamente prevaleciente. Ilustrado como es, sin duda sabe que lo que debe resolverse es una práctica política perversa por parte de la dirigencia de dicho sindicato y que los elementos concretos del enfrentamiento Mineduc/STEG son jurídicos, pero no son los esenciales.
Los temas alrededor de los cuales gira la controversia son importantes, pero lo fundamental es el fondo político referido en el primer párrafo de esta columna. De nuevo, la sustancia política que subyace en este enfrentamiento no es el centro de la discusión. Otra vez, las cortes son los sujetos que definen, obviamente desde la perspectiva jurídica que les es propia, una problemática sustancialmente política subyacente. Los abogados felices de ser, una vez más, los arcángeles que blanden sus espadas para “resolver” cuestiones de naturaleza política.
El secretismo sobre la discusión del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, el exceso de privilegios que se pretenden por parte de los maestros, el reconocimiento de si aún se está discutiendo el pacto colectivo o ya no, la ausencia de los maestros a sus centros de trabajo, etcétera. Esas solo son las formas a través de las cuales se manifiesta el problema de fondo ya referido en el primer párrafo de este artículo.
En términos sociales, el rechazo al STEG abarca también al sindicalismo en su conjunto, particularmente al público. Por eso, la simpatía “popular” hacia el gobierno es probablemente alta en este conflicto.
Hasta los empresarios, cuya sensibilidad ante los problemas sociales es muy limitada, ya se han expresado públicamente pidiendo que se respeten las resoluciones judiciales que son adversas al STEG en beneficio de los alumnos y la educación nacional. Lo mismo ha hecho, obviamente, el Mineduc.
Pero, neciamente quiero insistir en lo que he sostenido anteriormente. El STEG y su dirigencia, ahora convertidos en piñatas a desbaratar, no son más que eso, piñatas construidas por quienes intentaron, con éxito por cierto, avanzar en la desideologización del sindicalismo, tanto el privado como el público, en destruir a sus dirigencias, en convertirlos en sindicatos blancos que no ven más allá de sus reivindicaciones inmediatas y privilegios, los cuales consiguen negociando lo que sea necesario, con el gobierno de turno, incluyendo la complicidad con la corrupción.
Es necesario rescatar al STEG, como ya lo he dicho antes, pero también al sindicalismo público en general. Éste no puede abandonar los principios ideológicos que inspiró su surgimiento y desarrollo. Tampoco se debe extrapolar la relación patrono/obrero con la correspondiente a la que es propia de la naturaleza de la relación Estado/empleados públicos. El Estado no se apropia de ninguna plusvalía producida por la fuerza de trabajo de sus empleados.
La actual dirigencia del STEG y la de muchos sindicatos públicos cayeron en la trampa anti-Estado del neoliberalismo.
Todo lo anteriormente esbozado, con mucho simplismo por cierto, me lleva a completar la frase que dejé en puntos suspensivos en el título de esta columna: el gran ganador en esta confrontación Mineduc/STEG será el antisindicalismo público. La victoria que podría tener el gobierno le traerá simpatía popular y, por supuesto, la de los empresarios, y contribuirá a mejorar un poco la educación en Guatemala.
Pero, insisto, no nos sumemos al antisindicalismo, ni contribuyamos a su desprestigio e incluso eventual criminalización a la que le abriría la puerta la iniciativa de ley 6558 al proponer el Artículo 214 “bis” del Código Penal.
Hay que recuperar al STEG y al sindicalismo público, sacándolos de la mediocridad oportunista del sindicalismo blanco, el desideologizado.
