Recién la semana anterior, las autoridades ancestrales pusieron en jaque al Ejecutivo al rechazar el seguro obligatorio y exigir su derogación. Sobre esta justa petición se subieron oportunistas y golpistas para aprovechar la inconformidad ciudadana e intentar producir inestabilidad social. Los indígenas sabiamente los pusieron en su lugar y denunciaron estas intenciones manipuladoras. El Presidente acertadamente derogó los acuerdos gubernativos que establecían esta obligación.
Menos de una semana después, el pasado sábado 22 del mes en curso, las autoridades ancestrales de los pueblos indígenas, convocadas por los 48 cantones, exigieron, entre otras cosas, derogar de inmediato el incremento salarial que se habían otorgado los diputados y dijeron que analizarían las acciones a tomar en los próximos días, si su petición no era atendida. Su amenaza fue efectiva y ayer se anunció por parte del Presidente del Legislativo, integrantes de la Junta Directiva y otros diputados, que se suspendía el aumento salarial.
Como se ve, las autoridades ancestrales se han posicionado como los principales actores políticos en el escenario nacional. Han sabido interpretar los intereses del pueblo guatemalteco en su conjunto. A pesar del racismo estructural aún vigente, su liderazgo nacional es ampliamente reconocido, inclusive más allá de las diversas y a veces contrarias ideologías que permean a toda la sociedad.
No hay otro actor social relevante. El liderazgo campesino responde al de sus autoridades ancestrales, ya que la inmensa mayoría de ellos son indígenas.
No hay movimiento estudiantil, ni sindical, que se acerque a esa posición. Las ONGs tampoco están presentes. Parece que por fin han entendido su naturaleza y rol.
Estamos, sin duda, en una situación cualitativamente distinta y novedosa en las luchas sociales. Los pueblos indígenas saltaron a la palestra. El papel que ahora juegan es producto del liderazgo nacional que ejercieron en la lucha por mantener la democracia y evitar el golpe de Estado que las redes político criminales pretendían darle a Bernardo Arévalo antes de que tomara posesión de su cargo.
Como se ve, ellos salvaron la democracia y ahora logran que el Ejecutivo y el Legislativo atiendan la voz del pueblo. El Estado guatemalteco, históricamente racista, tiene que ceder ante los pueblos indígenas, dado el liderazgo que ahora ostentan.
Y todo lo anteriormente expresado plantea un nuevo escenario político nacional, en el cual, como lo escuché en una radio esta semana, hay una mesa de cuatro patas. Una de ellas son las autoridades ancestrales, otra el sector empresarial, otra los Estados Unidos y la cuarta pata es el gobierno.
En este nuevo escenario el presidente Bernardo Arévalo tiene una nueva oportunidad para que su gestión pueda marcar el inicio de un quiebre histórico, para impulsar dos propósitos principales: avanzar en recuperar la institucionalidad estatal aún cooptada por las redes político criminales; e iniciar procesos en búsqueda de transformaciones estructurales.
Pero para que pueda tener tal trascendencia el gobierno debe, en primer lugar, ser uno solo. Los ministros y asesores del Presidente deben ser coherentes con las orientaciones políticas presidenciales. Y los diputados oficialistas deben ser coincidentes con la voluntad política del Presidente.
En segundo lugar, Bernardo Arévalo debe comprender la necesidad de establecer una alianza estratégica para gobernar con las autoridades ancestrales. Esto es fundamental, pero su relación con ellas se empieza a debilitar y eso es grave.
En tercer lugar, como representante de la unidad nacional, es correcto que logre importantes acuerdos con los empresarios para la gobernabilidad del país. Y, en cuarto lugar, entendiendo la geopolítica que ahora se está redefiniendo, los acuerdos con Estados Unidos son también necesarios.
Sobre esa mesa de cuatro patas hay que dibujar la hoja de ruta del gobierno.
