Con toda la sensatez que lo caracteriza, el Presidente Arévalo anunció la derogación de los acuerdos que crearon el seguro obligatorio para vehículos.
Pero es indispensable analizar lo sucedido y el Presidente tiene que utilizar la sabiduría que le es propia para sacar lecciones aprendidas.
La promulgación de los acuerdos gubernativos que aprobaron el seguro fue un error garrafal y mostró la incapacidad de los funcionarios y asesores que le aconsejaron tal disparate. Obviamente ellos viven en otra Guatemala, no la correspondiente a la cotidianidad de quienes no logran terminar el mes con los ingresos que reciben.
Por eso es de suma importancia subrayar el posicionamiento firme e inmediato de rechazo al seguro que asumieron las autoridades ancestrales de los pueblos indígenas. Ellos le dieron legitimidad a la lucha por su derogación.
La defensa de esa insensatez que hicieron los funcionarios públicos es patética. Justificarlo como la primera medida ante los dramáticos accedentes del transporte público recién ocurridos parece hasta una burla a la inteligencia. Con ese seguro no se hacía nada para evitarlos. Más parecía una excusa para vender seguros.
Por eso, fue razonable el anuncio que hizo el Presidente al informar sobre la derogatoria de los acuerdos gubernativos cuestionados, al comunicar la decisión de elaborar una propuesta de iniciativa de ley general de transporte. Lo del seguro es algo que hay que discutir en un marco más general donde efectivamente se enfrenten las causas de esa inseguridad que día a día viven los ciudadanos de a pie en el transporte público.
Otro argumento que expresaron los defensores gubernamentales del seguro fue obedecer una exhortativa de la Corte de Constitucionalidad. Eso raya en un cínico leguleyo.
Hay que subrayar que el repudio al seguro fue masivo y que sobre esa inconformidad se montaron los golpistas y otro montón de oportunistas. Quisieron aprovecharse de ese repudio popular para sus fines particulares, fueran económicos o golpistas.
La decisión de la Corte Suprema de Justicia de suspender sus labores a nivel nacional, dada la “problemática que actualmente atraviesa el país”, fue, para decirlo con tibieza, “funcional” a los planes golpistas de presentar una situación nacional inmanejable.
Los pronunciamientos de las autoridades ancestrales fueron coherentes con la situación descrita. Desde el primer momento señalaron con contundencia lo improcedente de esa decisión; pero, al mismo tiempo, pidieron al pueblo “mantener la calma y no dejarse sorprender y manipular por el pacto de golpistas”. Rechazaron con contundencia “Las actuaciones de grupos de poder que están buscando la oportunidad de desestabilizar el país por lo que nos solidarizamos y respaldamos al gobierno de Bernardo Arévalo y Karin Herrera ante la arremetida del pacto de corruptos que reavivan sus intenciones de golpe de Estado”.
La lectura política que debe hacer el gobierno ante este error cometido es que fueron las autoridades ancestrales las que le dijeron públicamente que sus asesores y funcionarios no entendían la realidad cotidiana que viven los guatemaltecos. Pero, al mismo tiempo que legitimaron esta lucha, denunciaron a quienes oportunistamente quisieron manipular esta reivindicación legítima y le recordaron al Presidente que los golpistas siguen activos.
Por eso, Bernardo Arévalo tiene toda la razón cuando dice “El pueblo digno es primero”, no sus asesores ni sus funcionarios confundidos, no los empresarios, no su partido ya casi eliminado por el miedo que le tienen los corruptos; ¡ni siquiera Marco Rubio!
