La feligresía católica está rezando por la vida del Papa Francisco. Su legado a la humanidad es significativo.
Muchos de sus mensajes al mundo han sido inspiradores. Han permitido que esa iglesia vuelva a ver a los pobres y excluidos y que, desde esa perspectiva, se aporte a la sensibilización de la conciencia sobre los grandes y graves problemas que está viviendo la Humanidad.
Por eso la preocupación mundial sobre su salud es una manera de reconocer lo que ha significado su liderazgo religioso.
De lo mucho que el Papa ha dicho con sabiduría hoy quiero referirme a la Carta que hace algunos días les escribió a los Obispos de Estados Unidos, en la cual criticó los programas de deportación masiva que se están efectuando. Ese mensaje papal es una solidaridad con el drama de la migración forzada.
Pero en esta columna quiero recuperar un planteamiento ético sobre la legitimidad de las normas y de las políticas públicas que está contenido en dicha Carta. Al respecto, el sumo Pontífice nos llama a mirar dicha legitimidad “… a la luz de la dignidad de las personas y sus derechos fundamentales, no viceversa”.
Ese postulado tiene una gran pertinencia, de manera general, no sólo de cara al drama que están viviendo los migrantes en Estados Unidos.
Las normas jurídicas pueden llenar todos los requisitos formales que se requieren para su vigencia. Pero esto es completamente insuficiente. Recuerdo que en la entrada de la Facultad de Derecho de la Universidad de El Salvador (UES), había un mensaje que decía algo así como: si la justicia y el derecho entran en contradicción, no dudes en escoger la primera (no recuerdo la redacción, pero esa era la idea). Personalmente, como Abogado, me impactó esa afirmación. No tenemos que estar amarrados a la norma, hasta el punto de creerla válida por sí misma. Entiendo que esa reflexión puede ser peligrosa, porque podría subjetivarse a tal punto el reconocimiento al imperio de la ley, que reinaría el caos y la imposibilidad de la convivencia pacífica de los seres humanos. Pero, aun así, es pertinente reflexionar sobre esa posible incoherencia entre lo que preceptúa la norma jurídica y la justicia.
Pero el Papa Francisco lleva este cuestionamiento más allá de las leyes. Lo plantea también con relación a las políticas públicas. Es mucho lo que se ha escrito respecto a la legitimidad de estas.
Se les atribuye su legitimidad de maneras diversas. Un criterio es la existencia de procesos participativos a lo largo del ciclo de políticas públicas, es decir tanto en su formulación como en su implementación. También se ha buscado esa legitimidad en el fundamento técnico que las mismas tengan y las decisiones “racionales” que las produzcan e implementen.
Pero el planteamiento del Papa es muy coherente y rebasa todo el debate académico que al respecto se ha dado. Para él, como ya lo he referido, es considerar la legitimidad de las normas y de las políticas públicas a partir de la dignidad de la persona y sus derechos fundamentales.
Eso significa, en el caso específico de los migrantes, que la norma que contiene la orden ejecutiva del Presidente Trump relativa a los migrantes que establece su política xenofóbica carece de legitimidad.
Pero, haciendo una generalización, la legitimidad tanto de las normas jurídicas como de las políticas públicas radica en el respeto a la dignidad de las personas y a sus derechos fundamentales.
