Los resultados de las jornadas electorales realizadas hace pocos días en el Colegio de Abogados son muy significativos para el país.

Los abogados tenemos una presencia muy grande, exagerada diría yo, en la institucionalidad estatal. Un poder del Estado está en nuestras manos (obviamente el Organismo Judicial). Sin embargo, nuestra presencia trasciende al mismo. Estamos presentes en todos los poderes.

Pero además, como la política se ha judicializado, el rol de los abogados se ha magnificado.

Nuestra participación en las Comisiones de Postulación ha aumentado la importancia política de nuestro Colegio, al punto que la principal razón de nuestras confrontaciones es el acceso a las mismas.

Lamentablemente, el resultado es que el CANG se ha pervertido.

La cantidad de colegiados es impresionante, más de 40 mil. Hace casi cincuenta años (1976), cuando yo me colegié, éramos menos del 5% de esa cifra. En esa época no sufríamos del desprestigio que ahora tenemos. El CANG era respetado socialmente.

Sin embargo, esa calidad no hay que sobredimensionarla. El Colegio estaba hegemonizado por “los abogados de la zona 10”, es decir aquellos cuyos servicios profesionales y relaciones sociales eran fundamentalmente con las élites empresariales. Sin duda, estaban a su servicio en todo lo que pudieran.

El crecimiento cuantitativo del gremio contribuyó a cambiar la correlación de fuerzas que históricamente había prevalecido en la política gremial. Las élites empresariales, paulatinamente primero y vertiginosamente después, fueron perdiendo su hegemonía. Pero el cambio no fue en sentido positivo. Surgieron nuevos aglutinamientos, los cuales se dieron alrededor de “actores aspiracionales”, o sea aquellos interesados en el ascenso social a partir de utilizar el Colegio para facilitarlo, aprovechando su rol en la definición de la institucionalidad estatal, lo cual los acercó a la corrupción.

Este perverso proceso llegó a su clímax en los últimos años y su expresión más explícita fue el surgimiento de grupos de abogados (as) que se amalgamaron con sectores corruptos y fascistas, quienes aprovechando la coyuntura de expulsión de la CICIG (que vaya si no cometió errores, a pesar de su noble y frustrado esfuerzo contra la corrupción), fueron cooptando la institucionalidad estatal, particularmente cortes y Ministerio Público.

Pero en este río de agua turbia ahora empieza a construirse una compuerta contenedora y esto explica el resultado de las últimas elecciones en el CANG. La planilla del fascismo corrupto y golpista fue derrotada en dicho evento. No logró pasar a la segunda vuelta.

Surgió también en esta contienda electoral gremial “la planilla 10”. Esa es la compuerta contenedora arriba mencionada. En ella convergieron profesionales “progresistas” con conservadores hartos de la corrupción.

Pero también surgió otra planilla, la 4, que no representó a la derecha corrupta y fascista. Ella pasó a la segunda vuelta, compitiendo con la planilla 10.

En el obligado balotaje prácticamente hubo un empate de votos y de posiciones de cara a la participación del CANG en las Comisiones de Postulación que se organizarán pronto.

Todo lo anteriormente referido me lleva a expresar una aspiración que considero coincidente con una columna del colega Roberto Ardón sobre este tema. En ella él dijo: “El Colegio podrá estar dividido, pero el mensaje no lo está. La gran mayoría de los guatemaltecos aspiramos a una justicia que no sea corrupta ni ideológica”.

Adrian Zapata

zapata.guatemala@gmail.com

Profesor Titular de la USAC, retirado, Abogado y Notario, Maestro en Polìticas Pùblicas y Doctor en Ciencias Sociales. Consultor internacional en temas de tierras y desarrollo rural. Ha publicado libros y artículos relacionados con el desarrollo rural y con el proceso de paz. Fue militante revolucionario y miembro de organizaciones de sociedad civil que promueven la concertación nacional. Es actualmente columnista de el diario La Hora.

post author
Artículo anteriorAutoridades del Departamento de Delitos Contra la Vida realizan 28 diligencias en la ciudad de Guatemala
Artículo siguienteLa Ley de Infraestructura Vial Prioritaria: Sobre las “ofertas no solicitadas” (Parte V)