Los últimos reportes médicos sobre el estado de salud del Papa Francisco son preocupantes. Sus 88 años hacen muy riesgosos los males respiratorios que le aquejan.
Muchos de sus mensajes al mundo han sido inspiradores. Han permitido que esa iglesia vuelva a ver a los pobres y excluidos y que aporte a la sensibilización sobre los grandes y graves problemas que está viviendo la Humanidad.
Por eso la preocupación sobre su salud es una manera de entender lo que significa su liderazgo mundial.
Desde esta perspectiva personal de valoración de dichos aportes, me llamó mucho la atención la carta que hace pocos días el Papa le escribió a los Obispos de Estados Unidos, en la cual criticó los programas de deportación masiva que el gobierno del Presidente Trump está realizando. Ese mensaje papal es una expresión de solidaridad con los migrantes.
Pero en esta columna quiero recuperar un planteamiento ético sobre la legitimidad de las normas y de las políticas públicas que el Papa hizo en la Carta que comento. Al respecto, el Sumo Pontífice nos llama a mirar dicha legitimidad “… a la luz de la dignidad de las personas y sus derechos fundamentales, no viceversa”.
Ese postulado tiene una gran pertinencia, de manera general, no sólo de cara al drama que están viviendo los migrantes en Estados Unidos.
Las normas jurídicas pueden llenar todos los requisitos formales que se requieren para su vigencia. Pero esto es completamente insuficiente. Recuerdo que en la entrada de la Facultad de Derecho de la Universidad de El Salvador (UES), había un mensaje que decía algo así como: si la justicia y el derecho entran en contradicción, no dudes en escoger la primera (no recuerdo la redacción, pero esa era la idea). Personalmente, como abogado, me impactó esa afirmación. No tenemos que estar amarrados a la norma, hasta el punto de creerla válida por sí misma. Entiendo que esa reflexión puede ser peligrosa, porque podría subjetivarse a tal punto el reconocimiento al imperio de la ley, que reinaría el caos y la imposibilidad de la convivencia pacífica entre los seres humanos. Pero, aun así, es pertinente reflexionar sobre esa posible, y con mucha frecuencia, incoherencia entre lo que preceptúa una norma jurídica y la justicia.
Pero el Papa Francisco lleva este cuestionamiento más allá de las leyes. Lo plantea también en relación con las políticas públicas. Es mucho lo que, desde la academia, se ha escrito sobre su legitimidad, a la cual se le atribuyen atributos diversos. Por ejemplo, se le considera a partir de que haya procesos participativos a lo largo del ciclo de políticas públicas, es decir tanto en su formulación como en su implementación. También se ha buscado esa legitimidad en el fundamento técnico que las mismas tengan y las decisiones “racionales” que las produzcan e implementen (¿rational choice?).
Pero el planteamiento del Papa rebasa todo el debate académico que al respecto se ha dado. Para él, como ya lo he referido, es considerar su legitimidad a partir de la dignidad de la persona y sus derechos fundamentales. Ese es el parámetro que define su legitimidad.
En el caso específico de los migrantes, no es la legalidad formal de la orden ejecutiva del Presidente Trump lo que le da legitimidad a su política xenofóbica.
Por eso, es pertinente y justo acudir a los parámetros que el Papa Francisco define sobre la legitimidad al analizar las políticas públicas, ¡de todas ellas! Y, por consiguiente, juzgar la legitimidad de un gobierno debe hacerse también desde dicha perspectiva.
