La semana pasada las organizaciones campesinas que en febrero pasado firmaron el Acuerdo Agrario con el Presidente hicieron pública una “Carta Abierta”, donde le plantearon cuatro reivindicaciones: vetar al Dto. Leg. 35/2024 (advierten sobre el eventual uso que podría hacer la policía de esta ley para reprimirlos letalmente); tomar medidas contra el alto costo de la vida; aprobar el aumento al salario mínimo; y verificar la distribución de insumos que está haciendo el MAGA. Estas reivindicaciones son correspondientes con las competencias del poder Ejecutivo y las mismas son legítimas.
Sin embargo, hay que analizar este hecho en sus implicaciones políticas. Expresa cierta frustración de los campesinos ante las expectativas, tal vez sobre dimensionadas, que tenían sobre el cumplimiento del Acuerdo Agrario por parte del gobierno. Es muy importante señalar que, esa misma semana, los 48 Cantones de Totonicapán anunciaron que abandonarían la mesa que tienen con la Presidencia de la República, lo cual expresa frustración ante sus expectativas. La coincidencia de ambas acciones debe ser preocupante para el gobierno, porque los pueblos indígenas y los movimientos campesinos son, hasta ahora, su base social.
Yo no tengo conocimiento del desarrollo del diálogo que mantiene el Presidente con las autoridades ancestrales, pero le he dado seguimiento al proceso de cumplimiento del Acuerdo Agrario y sobre eso quiero opinar.
Hay dos maneras de analizar dicho cumplimiento, que son diferentes pero complementarias. Uno es desde la perspectiva técnica, a partir de los indicadores que nos den evidencia empírica sobre el proceso. Esto es, sin duda, importante pero insuficiente, porque lo que procede es una evaluación política. La razón de esta afirmación es porque lo extraordinario del Acuerdo Agrario es la alianza que logró establecer el Presidente con las organizaciones campesinas. El tema agrario y el desarrollo rural en general han sido tabúes que provocan la resistencia de algunas élites empresariales, quienes defienden el estatus quo imperante porque los beneficia en el corto y mediano plazo, sin darse cuenta que a largo plazo les es infuncional para sus intereses (la existencia de un mercado interno amplio es muy relevante para la actividad empresarial exitosa).
Destaco la relevancia significativa de la alianza referida, porque para avanzar en el abordaje de los problemas estructurales el punto central es la correlación de fuerzas sociales y políticas que coincidan en ello. Por eso, si Bernardo Arévalo efectivamente quiere emprender ese camino, esta alianza le es fundamental.
Y, en tal sentido, mi opinión es que tal voluntad política presidencial no se refleja suficientemente en el desempeño de los Ministros involucrados en el cumplimiento del Acuerdo Agrario. Parece que lo conciben simplemente como una manera de “mantener tranquilos” a los campesinos.
Tales son los casos del MAGA y el MINECO.
En el primero, el Consejo Directivo de FONTIERRAS se encuentra empantanado en temas que, aun siendo importantes, han atrasado el objetivo fundamental que motivó su restructuración: la reformulación de la política de Acceso a la Tierra. Allí hay dos bloques. Por una parte los representantes del gobierno y la Cámara del Agro y, por la otra, los representantes de los campesinos, los indígenas, los cooperativistas y las agrocadenas. ¿Dónde quedó la alianza que produjo el Acuerdo Agrario?
En el segundo caso, el MINECO, su compromiso en el Acuerdo Agrario es impulsar la economía campesina en su dimensión no agropecuaria como parte sustancial de la Economía Social. Lo que se ha hecho es cambiarle el nombre a un Viceministerio, denominándolo de Economía Social y Pymes, y se realizan actividades de imagen. A los campesinos se les ha excluido de este proceso.
En síntesis, pese a la reconocida diligencia de la Secretaría Privada de la Presidencia en su responsabilidad de darle seguimiento al cumplimiento del Acuerdo Agrario, si el Presidente no alinea a sus ministros con su voluntad política, su alianza con el movimiento campesino finalizará y dicho acuerdo naufragará. Él está aún a tiempo de capitanear el barco gubernamental para evitar dicho naufragio.
