La visión institucionalista, encabezada por el presidente Arévalo, tiene como propósito romper la cooptación de la institucionalidad que ejercen las redes político criminales sobre las Cortes respetando los cánones republicanos y democráticos que en Guatemala son únicamente formales, pero que en la realidad se han pervertido.
Lo anterior significa que los “institucionalistas” se someten a dicha institucionalidad para intentar recuperar la independencia del OJ, piedra angular del carácter republicano democrático en cualquier Estado.
Lo que ha sucedido hasta ahora en las Comisiones de Postulación es un claro ejemplo de esa controversial pretensión. Los Comisionados están abiertamente en una explícita contradicción. La definición de la sede para el funcionamiento de éstas lo ha evidenciado con suma grosería. Esta contradicción no es irrelevante, es la expresión del pulso que ya se está dando en la escogencia del listado de candidatos a Magistrados.
El propósito es cohesionar un bloque que esté dispuesto a mantener esa cooptación mafiosa de la institucionalidad estatal o que, al menos, las actuales Cortes prolonguen una vez más su inconstitucional continuidad hasta que se realice el cambio de administración en los Estados Unidos, soñando con el triunfo de Trump en las próximas elecciones presidenciales, con lo cual se estaría eliminando uno de los dos principales soportes del interés por desmafiar el Estado guatemalteco. Saben de lo veleidoso que es el apoyo norteamericano a una cruzada democrática en nuestro país.
El otro soporte del Presidente lo constituyen los pueblos indígenas y los campesinos. Los mafiosos le apuestan al desgaste que sufre el Primer Mandatario frente a dichos actores sociales, el cual se evidencia en su incapacidad para derrotar a las redes político criminales que sostienen la continuidad de los niveles de corrupción e impunidad predominantes, no digamos para impulsar transformaciones estructurales de mayor profundidad.
Y la correlación de fuerzas que se manifiesta en las Comisiones de Postulación augura pocas esperanzas sobre un resultado que recupere la independencia del Organismo Judicial. Esta apreciación de ninguna manera quiere minimizar la heroica lucha que libran los Comisionados que pretenden hacerlo, con el liderazgo del Dr. Raúl Horacio Arévalo Alburez.
Mi opinión es que no se puede recuperar la independencia del OJ sin destruir las redes político criminales que han cooptado una parte significativa de la institucionalidad estatal. Intentar hacerlo al revés resulta una tarea titánica y difícil de cumplir. Habría que tener una mayoría de Comisionados alineados en la lucha contra las redes político criminales y un número de diputados en la misma posición.
Estamos, por lo tanto, ante un viejo dilema filosófico: “el huevo o la gallina”. ¿cambiamos las cortes para desde allí desmafiar al Estado o nos aferramos al principio de la primacía constitucional sobre la ley ordinaria y el Presidente destituye a la Fiscal General, punta del iceberg que debemos derretir, para crear las condiciones políticas que permitan elegir cortes independientes, sin las cuales es imposible concebir un Estado verdaderamente republicano?
Los “institucionalistas” se juegan su legitimidad en esta lucha. Si ellos no logran triunfar en este enfrentamiento con las redes político criminales sufrirán una derrota política altamente significativa.
La viabilidad del carácter republicano y democrático del Estado está en la palestra. Es deseable el triunfo de los “institucionalistas”. Ellos deberían tener un apoyo social apabullante. Sin embargo, lamentablemente la vía institucionalista parece estar agotada.
