Según el artículo 251 de la Constitución de Guatemala, el Ministerio Público es una institución auxiliar de los tribunales. Sin embargo, en la práctica, los papeles se han invertido y los tribunales (no todos, obviamente) se han convertido en auxiliares del MP.
La anterior afirmación se refiere a la cruzada antidemocrática que ha librado y continúa librando el Ministerio Público en contra de la democracia, específicamente dirigida a lograr que se irrespete la voluntad popular expresada en las últimas elecciones y que llevó al Partido Semilla a ganar la contienda y, en consecuencia, a convertir a su candidato, Bernardo Arévalo, en el Presidente de Guatemala.
Los videos que evidenciaron esta grosera pretensión impactaron a nivel nacional e internacional, cuando el MP secuestró la papelería electoral. La conferencia de prensa que esa institución dio en las vísperas de dicho evento expresó abiertamente esta intención. En ella, por incoherente que lógicamente pueda parecer, se intentó dar un golpe de Estado, defenestrando anticipadamente a un presidente. Me refiero a derrocarlo antes que tomara posesión.
Y la estrategia golpista continúa. Ayer, de nuevo, una resolución judicial mantiene “suspendido” al partido ganador de las elecciones, Semilla.
Pero lo que quiero señalar es lo inaudito del cambio de roles entre el MP y los tribunales (algunos, insisto). El juez que dictó la resolución referida muestra, una vez más, cómo los tribunales se convierten en auxiliares de la estrategia golpista del MP. Pero, este hecho jurídico, no es el único que evidencia la coalición MP/cortes. Hay diversas resoluciones judiciales, de distintas jerarquías, incluyendo las más altas, que son correspondientes con la pretensión golpista del Ministerio Público, las cuales son ampliamente conocidas.
Esta trasposición de roles es propia del lawfare, es decir de la guerra jurídica que implica la instrumentalización de la justicia para llegar a la judicialización de la política.
Y lo que está sucediendo en Guatemala es un claro, explícito hasta el descomedimiento, ejemplo del lawfare. Ésta es una estrategia con la cual los poderes hegemónicos en América Latina, nacionales e internacionales, han defenestrado, por la vía judicial, a los gobiernos que no les son funcionales a sus intereses o a evitar que determinadas opciones políticas y liderazgos correspondientes logren llegar al poder por la vía democrática.
Pero la particularidad en nuestro caso es que quienes están utilizando esta estrategia son las redes político criminales que lograron cooptar la institucionalidad estatal, en este caso, el poder judicial y el MP. Estas redes alcanzaron tal propósito actuando en convergencia con determinadas élites empresariales que, por cierto, siguen apoyando la estrategia golpista basada en el lawfare.
Por todo lo anteriormente referido, es muy relevante comprender que defender la vigencia legal del partido Semilla debe ser una tarea de todos los demócratas en este país, porque no estamos defendiendo dicho partido, sino que la democracia. Luchemos por poner las cosas al derecho: un MP auxiliar de los tribunales y no al revés.
Es urgente construir una gran y amplia alianza para derrotar el lawfare. Este propósito debería ser central para las Comisiones de Postulación que propondrán los candidatos para las Cortes.
