El día de ayer, el Consejo Campesino, integrado por UVOC, CUC, CCDA y Nuevo Día, en conferencia de Prensa, distribuyeron un comunicado donde literalmente afirmaron que “condenan los desalojos y amenazas de desalojo, así como las acciones violentas por parte de finqueros, el Ministerio Público y Jueces vinculados al “pacto de corruptos” en contra de las comunidades rurales que buscan soluciones pacíficas y legales para asegurar su derecho a la tierra y a una vida digna”. Los hechos concretos recientes que motivaron esta declaración son los desalojos ya efectuados en las últimas semanas en contra de campesinos que luchan por la tierra, así como los asesinatos perpetrados el pasado 5 de junio en contra del abogado agrarista José Alberto Domingo Montejo y de un destacado integrante del CUC, Marcelo Yaxon.
Su comunicado lo finalizaron diciendo: “Exigimos a las instituciones del Estado de Guatemala que respeten y se involucren en los procesos de diálogo establecidos por el Acuerdo Agrario suscrito entre el Gobierno y las organizaciones campesinas guatemaltecas en la búsqueda de soluciones pacíficas a la conflictividad agraria y ambiental en los distintos territorios”.
Las organizaciones referidas son las que suscribieron el pasado 7 de febrero con el presidente Bernardo Arévalo, un Acuerdo Agrario, que ha creado muchas expectativas a nivel nacional e internacional, el cual aborda temas propios de una política agraria (atención a la conflictividad agraria y acceso a la tierra), pero también va más allá en la búsqueda del desarrollo rural integral. Esto muestra la claridad de las organizaciones campesinas con relación a que el tema agrario es fundamental para plantearse el desarrollo rural, pero que es insuficiente, porque alcanzarlo supone, necesariamente, lograr el desarrollo humano de quienes habitan en las áreas rurales y, por consiguiente, implica actividades productivas agrícolas y no agrícolas (economía social), cadenas de valor inclusivas, educación, salud, programas sociales, infraestructura productiva y, por supuesto, la construcción de caminos rurales.
Haber suscrito este Acuerdo Agrario en los primeros días del nuevo gobierno es una prueba fehaciente que los grandes problemas nacionales, incluyendo los estructurales, se pueden y deben abordar mediante diálogos sustanciales y acuerdos de consenso. Me cuesta imaginar un hecho político más trascendental para legitimar la democracia y la necesidad de reconstruirla a partir del deterioro que ha sufrido durante los últimos gobiernos. Pero también expresa una alianza virtuosa entre el nuevo gobierno y el movimiento campesino, sin atentar contra la naturaleza de ambos actores.
Ahora bien, para quienes continúan resistiéndose a la recuperación de la democracia (los golpistas), es muy importante hacer fracasar este Acuerdo Agrario; destruirlo es parte sustancial de esta estrategia. Me refiero explícitamente a quienes las organizaciones campesinas mencionaron el día de ayer, al afirmar: “Señalamos a la Fiscal General del Ministerio Público, María Consuelo Porras, y a los jueces corruptos, y los diputados, de agudizar la conflictividad agraria y la represión hacia las personas defensoras de derechos humanos como un acto de revanchismo político y de desestabilización al gobierno actual”.
Por eso, defender y hacer realidad el Acuerdo Agrario es parte de la lucha por la democracia, blindarlo mediante el apoyo popular y el compromiso firme del Presidente son elementos centrales en la derrota de los golpistas, es decir de las redes político criminales, de los empresarios retrógrados y del narco que subyace.
Los demócratas debemos participar en la defensa de este trascendental Acuerdo. Y esto significa, que se cumpla.
