El Presidente de la República, fiel a sus convicciones democráticas y republicanas, decidió mantenerse en el cauce de la legalidad en su lucha contra la corrupción y la impunidad. Y, dentro de ese cauce, presentó al Congreso de la República una iniciativa de ley para reformar la Ley del Ministerio Público y quitar ese candado que le hace prácticamente imposible ejercer la esencia del mandato constitucional de poder destituir a la Fiscal General
Los argumentos para descalificar este acto del Presidente son múltiples, pero tienen un común denominador: proteger a Consuelo Porras y mantenerla en el cargo. Dichos argumentos van desde las acusaciones de irrespetar la división de poderes, hasta quienes, disfrazados de valientes, señalan la extemporaneidad del accionar del Presidente por haber sido blandengue. Estos últimos argumentos terminan augurando el fracaso de la acción presidencial, con una clara intención desmoralizadora.
Pero, a mi juicio, esta crisis, en esencia, no expresa una problemática jurídica. Es una clara manifestación de una crisis política que resulta difícil pensar que se puede resolver mediante la legalidad, la cual es aplicada de manera distorsionada por una institucionalidad cooptada por las redes político criminales.
La estrategia de Arévalo si algo ha tenido es coherencia. Su lealtad a la legalidad es sostenible y sus acciones no la han violado, en ningún momento, a pesar de entender la ilegitimidad de su aplicación.
Pero ese sendero de la legalidad se está cerrando. Está cubierto por la institucionalidad cooptada. Arévalo parece no ver para ningún otro lado que no sea el que le indica el apego a la legalidad.
Será difícil que el Congreso apruebe conocer la iniciativa de ley con carácter de urgencia nacional. Si los diputados tomaran esa decisión se habrían distanciado de las redes político criminales y, probablemente, hasta se verían liberados de esos grilletes corruptos.
Es el momento de presionar a los diputados y de recurrir a lo que pueda quedar de decencia en las cortes que terminarán conociendo los resultados de esta acción.
Son dos fuentes de presión. La primera es el gobierno demócrata de los Estados Unidos. Pero quienes integran las redes político criminales cada vez le pierden más el miedo a los gringos. La segunda fuente es la movilización social que haga propia la iniciativa presidencial. Y ésta no sería sólo un apoyo al Presidente, sería una acción salvadora de la democracia. Aún para los pueblos indígenas, secularmente excluidos de ella, la consolidación de un Estado totalmente cooptado por las redes político criminales, no es el mejor escenario para continuar sus luchas contra la exclusión.
Pero el cierre del camino que se daría si el Presidente no logra hacer viable su intención de destituir a la Fiscal siguiendo la legalidad, planteará un nuevo escenario nacional, en términos sociales y políticos. Este gobierno no podrá gobernar con una Fiscal y una justicia cooptadas por las redes político criminales.
Arévalo por fin se decidió y lo ha hecho con la misma firmeza con la cual camina por la sexta avenida, acompañado de la gente. Por eso, este es el momento crítico que requiere de la movilización social. Pero si a pesar de ello la iniciativa presidencial no prospera en el legislativo ni en las cortes, hay que empezar a prepararse para una estrategia de resistencia popular, con Bernardo de líder, sea como Presidente o en las tarimas, con el pueblo.
