Adrian Zapata

zapata.guatemala@gmail.com

Profesor Titular de la USAC, retirado, Abogado y Notario, Maestro en Polìticas Pùblicas y Doctor en Ciencias Sociales. Consultor internacional en temas de tierras y desarrollo rural. Ha publicado libros y artículos relacionados con el desarrollo rural y con el proceso de paz. Fue militante revolucionario y miembro de organizaciones de sociedad civil que promueven la concertación nacional. Es actualmente columnista de el diario La Hora.

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Las debilitadas redes político criminales y algunos sectores empresariales continúan intentando limitar al nuevo gobierno en la implementación de su agenda programática. Esta alianza golpista continuará utilizando la institucionalidad cooptada para lograr tal propósito.

La agenda programática del gobierno habrá de contener al menos dos elementos centrales: la lucha contra la corrupción y la impunidad y el inicio de un proceso de abordaje de las causas estructurales que limitan las posibilidades del desarrollo nacional.

El primer elemento sólo tiene un camino: recuperar la institucionalidad del Estado de la cooptación que ha sufrido por parte de los actores mencionados en el primer párrafo de la presente columna. Si esto no se logra, la democracia representativa y el carácter republicano del Estado realmente dejarán de existir, aunque se mantengan fachadas.

El segundo elemento supone, necesariamente, asociar la democracia con la justicia social. La profunda desigualdad existente en la sociedad guatemalteca, acompañada de pobreza generalizada y la exclusión que secularmente han sufrido los pueblos indígenas deben ser superadas. Este último punto no resiste más, luego que fueron los pueblos indígenas, a través del liderazgo de sus autoridades ancestrales, quienes sustentaron la movilización social que derrotó las pretensiones golpistas. Porque si bien es cierto que la presión internacional también jugó un papel muy relevante en derrotar a los golpistas, ésta no hubiera podido expresarse con la contundencia que se dio, si no hubiera existido la movilización social referida. 

Y allí es donde radican las razones de esta alianza, cada vez más reducida. No renunciará a su objetivo: boicotear al nuevo gobierno hasta el punto de inmovilizarlo, sin perder de vista la posibilidad de defenestrarlo. Tienen sus esperanzas puestas en que Trump logrará llegar a la presidencia de los Estados Unidos y así, con los demócratas fuera, las presiones gringas desaparecerán. Y con relación al rol que han jugado los pueblos indígenas en la defensa de la democracia representativa, su esperanza es que el racismo estructural presente en la sociedad guatemalteca logre que irrumpa el terror en los ladinos hacia “los indios empoderados”, hasta el punto de poder reprimir sin mayor respuesta social a dichos liderazgos y a las comunidades que los sigan.

Esta estrategia de la alianza golpista requiere mantener ámbitos sustanciales de la institucionalidad estatal bajo su cooptación, especialmente al Ministerio Público y las cortes.

Y es desde esa perspectiva que hay que interpretar la huida de la Fiscal General de la reunión del gabinete, huida que fue disfrazada de apego a la ley y de defensa de la legalidad.

Por eso, no será fácil lograr que Consuelo Porras se vaya del cargo que ocupa. Ella es la Reina del tablero. Ya no hay Rey, porque Giammattei está personalmente derrotado. 

La alianza golpista está jugando con las piezas que le quedan en ese tablero sin Rey, pero con Reina, aunque ella carezca de los atributos requeridos.  

Por eso, así como la noche del 14 de enero se le dio jaque mate al rey, ahora habrá que hacer la misma jugada con la pieza aun sobreviviente. Y ese jaque mate es, sin duda, la renuncia de Consuelo Porras o su destitución cuando las condiciones legales lo posibiliten.

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