Por: Adrián Zapata
La decisión de las autoridades electorales de excluir el partido político Movimiento para la Liberación de los Pueblos, MLP, negando la inscripción de su binomio presidencial en el actual proceso electoral, da pie para muchas reflexiones, de distinta profundidad.
Comencemos por la más profunda y general. La democracia supone, como uno de sus elementos sustanciales, el compromiso de quienes pretenden llegar al poder o mantenerse en él de no recurrir a la violencia para lograrlo, de aceptar las reglas del juego que rigen esta lucha y, por lo tanto, los resultados que de allí se deriven. Esto significa que pueden participar en las contiendas políticas todos aquellos actores que acepten la democracia. Es aquí donde es necesaria la normativa jurídica que le dé fuerza obligatoria a este sistema. Se hace evidente, por lo tanto, que el derecho, en este caso electoral, es producto de la política y existe para garantizar su ejercicio. El bien supremo es, por decirlo de alguna manera, la política, y la justicia tiene, en este ámbito, la función de garantizar su ejercicio en un marco democrático. Por consiguiente, el derecho no puede estar por encima de la política. Y, llevando este análisis al extremo, podemos afirmar que una norma jurídica, de cualquier jerarquía (constitucional, ordinaria o reglamentaria), que pretenda limitar la política, es absolutamente ilegitima. Debe prevalecer la política sobre el derecho que pretenda limitarla.
El punto crítico de este razonamiento radica en la calificación de la idoneidad de quienes participan en la política pretendiendo cargos de elección popular. Éste es un filtro necesario, pero muy riesgoso. Se requiere gran sabiduría e independencia para que pueda ser aplicado con legitimidad por las autoridades encargadas de ello.
Ahora bien, cuando en determinadas condiciones concretas, un actor político pretenda violar las normativas jurídicas que garantizan el ejercicio de la política en el marco de la democracia, entonces, en ese caso concreto, la política debe subordinarse al derecho. Y ese es, a mi juicio, el fin supremo de la justicia electoral, hacer efectiva la normativa referida.
Toda la argumentación anterior obviamente es válida también para las resoluciones que emita la justicia electoral que se refieran al ejercicio de la política. Y si esto es válido para las resoluciones jurisdiccionales, lo es también para aquellas de orden administrativo.
Pero cuando la justicia electoral acribilla la política, y con ello también anula la democracia, es cuando se utilizan los recovecos que permite la institucionalidad para destruir la política, es decir para eliminar el derecho universal que debe existir a ejercer la política en el marco de la democracia. Para tener la capacidad de manipular la institucionalidad, ésta debe estar sustancialmente cooptada, lo que conlleva la ruptura de la naturaleza republicana de un Estado; y eso es lo que ahora está sucediendo en Guatemala y que se expresa con nitidez en la resolución que evita la inscripción del binomio presidencial del MLP.
Por eso, la batalla porque inscriban a dicho binomio trasciende las preferencias ideológicas. A ella debemos abocarnos todos los que queramos preservar y profundizar la democracia. Las izquierdas y las derechas deberían asumir esa batalla. Se entiende que de estas corrientes ideológicas el totalitarismo no puede participar. Es de entenderse que el fascismo, por ejemplo, que es la derecha llevada al extremo ideológico, no va asumir esta defensa de la democracia.
Por todas las razones anteriores, y muchas más que podríamos desarrollar, afirmamos que en este proceso electoral lo que está en juego en Guatemala es la democracia, amenazada por la subordinación de la política a las normas y resoluciones jurisdiccionales y administrativas de una institucionalidad electoral y constitucional cooptadas.
El Tribunal Supremo Electoral, y en su momento la Corte de Constitucionalidad, tendrán en sus manos la oportunidad de bajarse del tren de la cooptación en el cual ahora viajan. Los actores políticos y sociales, en un abanico de pluralidad ideológica, tienen la responsabilidad de converger para rescatar la política, la democracia y la institucionalidad ahora cooptada. Si no se supera este obstáculo, el proceso electoral en su conjunto será ilegítimo.
