Por: Adrián Zapata
Todos los años, en muestra de “civismo”, celebramos la independencia patria con desfiles, emotivos discursos y, desde hace algunos años, con eufóricas antorchas cargadas por nuestros entusiastas jóvenes.
Sin embargo, cada año deberíamos también conmemorar este hecho histórico recordando su verdadera naturaleza, no para negar su valor ignorando el contexto histórico en el cual se produce, pero asumiéndolo tal cual fue, las consecuencias que de ello se derivan y las grandes tareas que están pendientes desde entonces, hace ya más de doscientos años.
Es de sobra sabido que fue un acto de los criollos, españoles nacidos en estos territorios, para liberarse del dominio de la Corona y de los peninsulares (españoles de nacimiento). Fue una acción que garantizó que los anhelos emancipatorios del pueblo no se desbordaran al punto de ser el protagonista de esta gesta histórica y que, en tal caso, se pusiera en riesgo el dominio criollo y de la iglesia, en términos de sus personas, sus poderes y sus riquezas.
Revisar los apellidos de los 53 personajes que firmaron el Acta de Independencia, la representación social que ostentaban e, inclusive, el nombre del connotado jurista que la redactó (José Cecilio del Valle), muestra claramente quiénes ejecutaron esta acción política para liberarse de la monarquía española.
En esa misma dirección, recordar el contenido de dicho documento permite apreciar con absoluta nitidez la naturaleza y alcances de la independencia. El punto UNO, claramente dice que se promulga para “…prevenir las consecuencias que serían terribles, en el caso de que la proclamase de hecho el mismo pueblo». De igual manera, los intereses de la iglesia también se garantizaron en el punto DÉCIMO, al establecer “Que la religión católica, que hemos profesado en los siglos anteriores, y profesaremos en los siglos sucesivos, se conserve pura e inalterable, manteniendo vivo el espíritu de religiosidad que ha distinguido siempre a Guatemala…”, agregando con transparencia “… respetando a los Ministros eclesiásticos, seculares y regulares, y protegiéndoles en sus personas y propiedades».
Para que no hubiera ninguna reacción desestabilizadora, se recurrió a las indicaciones que se le dan a la iglesia y al poder político y militar. A la primera para que la sumisión pacífica del pueblo se produzca, pidiendo en el numeral UNDÉCIMO “Que se pase oficio a los dignos Prelados de las Comunidades religiosas, para que cooperando a la paz y sosiego, que es la primera necesidad de los pueblos, cuando pasan de un gobierno a otro, dispongan que sus individuos exhorten a la fraternidad y concordia a los que estando unidos en el sentimiento general de la independencia deben estarlo también en todo lo demás, sofocando pasiones individuales que dividen los ánimos, y producen funestas consecuencias». Y, al segundo, el poder político y militar, se le indica en el punto DUODÉCIMO “Que el Excelentísimo Ayuntamiento, a quien corresponde la conservación del orden y tranquilidad, tome las medidas más activas, para mantenerlo en toda esta capital y pueblos inmediatos».
La continuidad del ejercicio del poder político se define en el punto OCTAVO, donde se establece “Que el señor Jefe Político, Brigadier D. Gabino Gaínza, continúe con el Gobierno Superior Político y Militar”.
Está claro entonces que esa independencia que celebramos mañana no es, en lo absoluto, la emancipación del pueblo guatemalteco. Esa es una tarea pendiente que no podemos ignorar.
