Por: Adrián Zapata
El pasado 5 de octubre, la Cámara de Industria dio a conocer, mediante su cuenta de twitter, que tres días antes había tenido una reunión de trabajo con la Fiscal General. Publicó orgullosamente la foto con ella. Entre los temas que abordaron citó el de la “seguridad jurídica” y los “avances y desafíos de la institución”. Poco tiempo antes, en abril, dicha Cámara, junto al CACIF, habían reconocido la labor de la Fiscal. El Vicepresidente de la CIG le hizo entrega de un reconocimiento.
El primero de octubre, la organización empresarial ACDEPRO, Asociación en Defensa de la Propiedad Privada, emitió un comunicado, en el cual felicitó a la Fiscal General “en su actuar por la defensa de la propiedad privada y la institucionalidad”. Este comunicado se emitió con ocasión del acto protocolario mediante el cual el MP inauguró la Fiscalía Especial contra delitos de usurpación. Dicha Fiscalía “brindará la garantía al respeto a la propiedad a nivel nacional…”. ACDEPRO en la felicitación que emite a la Señora Porras, afirma que “apoya al Ministerio Público en el combate a las violaciones contra el derecho a la propiedad privada”.
Todo eso se produce pocos días después que el Departamento de Estados de los Estado Unidos la incluyera en la lista Engel (20 de septiembre) por “obstruir investigaciones sobre actos de corrupción”. Ya más claro no puede estar la postura de los empresarios guatemaltecos ante el proceso de cooptación del Estado por parte de las redes político criminal. En tiempos pasados, nunca se hubieran atrevido a desafiar de esa manera al gobierno norteamericano.
Esta convergencia perversa entre empresarios y mafiosos tiene una doble explicación. Por un parte, no permitir que miembros de esas élites sufran de nuevo persecuciones penales por los delitos que puedan perpetrar relacionadas con las formas a través de las cuales ellos inciden en la política. Y, por la otra, es una reacción ante las resoluciones y actuaciones judiciales vinculadas con sus intereses económicos, que a ellos les interesa promover o evitar. “Nunca más” ha de ser su consigna. Lo que “sufrieron” en tiempos de la CICIG no les puede volver a pasar. Además de haberlos afectado directamente, desde su óptica particular consideran que la justicia se politizó en ese período y que estuvo dirigida a golpear a los sectores políticamente conservadores y abrirle camino a opciones de izquierda. La inmediata candidatura a Presidenta de la anterior Fiscal General, doña Thelma Aldana, y el apoyo que concitó por parte de fuerzas sociales y políticas de izquierda, le da cierto sustento a esa sesgada interpretación empresarial.
Y como la estrategia empresarial/mafiosa de cooptar al Estado ha sido exitosa y está en su momento de clímax, quieren utilizar su triunfo coyuntural para enfrentar las luchas sociales a través de la estrategia de su criminalización y persecución penal.
De nuevo se equivocan. Los graves problemas sociales de orden estructural que sufre la mayoría de la población guatemalteca, principalmente rural, no tienen soluciones jurídico/penales. Insistir en esa visión, como ahora lo hacen, es echarle leña al fuego en lugar de apagarlo quitando los leños que producen el incendio.
