Por: Adrián Zapata
Sin duda, la improbación del Decreto de calamidad que pretendió el Presidente (por segunda vez) significó para él y su gobierno una importante derrota política. Sin embargo, es pertinente analizarla con racionalidad, más allá de los espavientos que al respecto se han manifestado.
Lo que estamos viviendo con la pandemia es, sin duda, una calamidad. Es innegable la incapacidad del gobierno para atenderla, más allá de las limitaciones estructurales e históricas que al respecto existen. Y es condenable el oportunismo criminal que podría darse intentando aprovecharla para la corrupción. Pero hay que aceptar que la situación es excepcional y que se requieren las herramientas pertinentes para atenderla, las actuales son insuficientes.
La improbación del pretendido acuerdo de calamidad demuestra muchas cosas. En primer lugar, la clara preponderancia de intereses particulares en la gran mayoría de los diputados. La lealtad de los oficialistas expresa su subordinación a los intereses
gubernamentales que pueden ser, tal como muchos lo han denunciado, la utilización del Estado de Calamidad para hacer negocios de beneficio particular. La “disidencia” de quienes habían sido aliados del Presidente es un intento de evitar el costo político que significa para ellos, de cara al próximo proceso electoral, su vinculación con un personaje tan desgastado y con un gobierno tan ineficiente. La oposición que no ha caído en la seducción del Ejecutivo ha tenido la oportunidad de fortalecerse utilizando la derrota política del Presidente.
Paralelamente, hay que valorar aspectos relevantes que se manifestaron en esta derrota legislativa de Giammattei. El control que ha tenido sobre la gran mayoría de diputados se ha debilitado sustancialmente, pese a lo criticable que puedan ser las razones que motivaron la disidencia de los inescrupulosos aliados. El impacto que tiene la transparencia para presionar a los actores políticos también es relevante. Me refiero a las redes sociales. Por eso, es digno de reconocimiento y valoración las transmisiones que se produjeron en tiempo real sobre la actividad en el Congreso; desnudaron la realidad legislativa.
Pero pasada la tormenta hay que avanzar en el propósito prioritario y fundamental, que es enfrentar el dramático escenario que ya tenemos en relación a la pandemia y que, si no se actúa acertada y eficazmente, se agravará en las próximas semanas.
Se requiere urgentemente de un marco jurídico que permita paliar la debilidad institucional, tanto la estructuralmente heredada, como la coyunturalmente existente por la grosera incapacidad del Ministerio de Salud, agravada por los intereses particulares que limitan la ejecución de las medidas epidemiológicas que la situación demanda.
Pero, en medio de esta angustia circunstancial, démonos cuenta que el país requiere de transformaciones profundas. El nivel primario de salud es prioritario (sin que eso signifique privatizar el resto), la situación geográfica en la vacunación expresa una vez más la inequidad existente y la necesidad de priorizar el desarrollo rural integral.
Tenemos retos de corto, mediano y largo plazo; las respuestas que se den deben ser coherentes con esa visión.
