Por: Adrián Zapata
El Consejo Permanente de la Conferencia Episcopal en su comunicado emitido la semana pasada expresó: “Es necesario y urgente que la iniciativa presidencial manifestada y ejecutada antes del inicio de la pandemia de convocar a un diálogo franco y abierto, con propuestas concretas de los diferentes sectores del país, se retome”.
Está claro que la Iglesia Católica se decantó por apoyar a Giammattei. Se distanciaron así de las aspiraciones de una buena parte de la población que están hartos de este personaje. Las declaraciones del Cardenal Ramazzini dejaron claro que es una decisión institucional y que la cohesión de la jerarquía eclesial es prioritaria para los intereses de la Iglesia. El argumento formal del Cardenal respecto de la ausencia de investigaciones que revelen indicios de responsabilidad del Presidente en hechos de corrupción ignora la situación prevaleciente en el Ministerio Público, a quien le tocaría realizar las diligencias correspondientes. Eso es sencillamente impensable.
En ese contexto, hoy es un día clave para definir el rumbo de la crisis política que vivimos. Las autoridades ancestrales indígenas y los movimientos campesinos se han visto orillados a tener que actuar en el escenario de la movilización social como la alternativa para rescatar el país de las mafias y posicionar en el escenario nacional su planteamiento de reformar el pacto social constitucional. A ese extremo los lleva la cooptación de la institucionalidad estatal por parte de las redes político criminales (Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Electoral…), la tolerancia (para ser benévolos) de las élites empresariales ante ese fenómeno criminal, las limitaciones que tienen los Estados Unidos para impulsar un nuevo “golpe suave” que permitiera la salida del Presidente y, ante ello, su conducta pragmática respecto de esas mafias y, ahora, la bendición de la Iglesia Católica.
Hoy, podría fortalecerse una estrategia de movilización territorial que gradualmente iría creando una correlación de fuerzas que obligaría a las élites gobernantes (legales, ilegales y ahora también las “sagradas”) a ceder en su terquedad de mantener el “status quo” a toda costa. Y en ese proceso, la polarización iría en aumento y el resultado es incierto. Podría desembocar en salidas institucionales, ojalá, o bien en convulsión social con desenlaces dramáticos.
Por eso, la propuesta de la Conferencia Episcopal del diálogo es pertinente. Nunca, aún en las condiciones más terribles, se puede negar esa vía para buscar salidas a las crisis. Pero lo que resulta cuesta arriba es imaginar ese diálogo con un gobierno y, particularmente con un Presidente, tan deslegitimado.
El llamado que hicieron los obispos a que la Fiscal reflexione (manera de pedirle que renuncie) debió haber sido también para Giammattei. No es, en sí misma, la solución, pero crearía mejores condiciones para un diálogo nacional. No me parece que quemar el fusible de la tan desgastada y ultradesprestigiada Fiscal sea lo que proceda para resguardar la “estabilidad”.
Pero, en todo caso, no hay que desechar el tema de un diálogo nacional para superar la crisis política. No es descartable, aún en un posible escenario de convulsión social.
