Mucho se ha discutido sobre las altas expectativas que tiene la población del gobierno actual y la impaciencia de la ciudadanía, indispuesta a esperar a que los esfuerzos del gobierno por recuperar la institucionalidad del Estado maduren y fructifiquen. Esta situación no es exclusiva de este gobierno, ni siquiera de Guatemala, más bien refleja una tendencia generalizada en las democracias occidentales en donde la población tiene expectativas de sus gobiernos que superan las capacidades instaladas de los Estados.
En Guatemala, una de las grandes deficiencias del Estado es su incapacidad de dotar a la administración pública de los recursos humanos suficientes y con las capacidades necesarias para dar los resultados esperados. Esta deficiencia trasciende gobiernos y limita el alcance de cualquier administración gubernamental, incluso de aquellas que genuinamente busquen hacer las cosas bien. Por tanto, el fortalecimiento de los recursos humanos del Estado debería ser una prioridad, no solo para los gobiernos, sino que también para los partidos políticos y la ciudadanía en general. Sobre este tema existe consenso entre diversos sectores del país y pareciera viable activar un esfuerzo conjunto por empujar una agenda de mejora de los recursos humanos en la administración pública. Al final de cuentas, los funcionarios públicos son quienes realizan la acción gubernamental y tienen a su cargo la implementación de las políticas públicas, así como la provisión de bienes y servicios públicos.
El Estado de Guatemala ha sido crónicamente incapaz de atraer y retener recursos humanos adecuados para cumplir con sus funciones. Esto se ha debido al incumplimiento de las leyes que norman el empleo público, la discrecionalidad en la contratación y despido de personal, y la ausencia de prácticas de evaluación del desempeño y compensación que incentiven el mérito en la función pública. Además, existe evidencia de que la interacción de los sindicatos del Estado con la administración pública está viciada por la opacidad de las negociaciones de los pactos colectivos de trabajo y la prevalencia de intereses particulares sobre los intereses de los trabajadores. En consecuencia, en lugar de promover la eficacia gubernamental, a través de la búsqueda de condiciones de trabajo adecuadas para los funcionarios y el compromiso con el servicio público, varios sindicatos se han constituido en barreras para el buen desempeño y el mérito en la administración pública.
En su reciente publicación Mejores Gobiernos para Mejores Vidas (2025), el Banco Interamericano de Desarrollo analiza la situación de la gestión de los recursos humanos en varios gobiernos latinoamericanos y presenta algunas conclusiones que reflejan también lo que sucede en Guatemala:
• La planificación estratégica de la fuerza laboral en la región es limitada y las prioridades gubernamentales están desconectadas de la asignación de recursos
• financieros y humanos lo que impide una alineación entre los objetivos del gobierno y el desempeño de los funcionarios públicos.
• Existen inequidades salariales horizontales y verticales que afectan la atracción, motivación y retención de los recursos humanos.
• No se han implementado efectivamente criterios meritocráticos en la contratación del personal a todo nivel.
• El nivel de madurez de la rectoría del servicio civil, o sea de la administración de los recursos humanos del Estado, varía significativamente entre países y algunos no cuentan todavía con una buena generación de normativa, metodologías, asistencia técnica y supervisión de la implementación.
El estudio no profundiza en el análisis de la situación en Guatemala debido a que existe poca información. Sin embargo, es evidente que Guatemala padece de debilidades que ameritan atención. Una primera tarea urgente es generar la información necesaria para comprender cuál es el estado de la administración pública, empezando por un censo de los empleados públicos, que provea elementos precisos para el diseño de las acciones de mejora de los recursos humanos del Estado. Adicionalmente, la agenda de fortalecimiento de la administración pública debería incluir el desarrollo de los sistemas de planificación de la fuerza laboral, gestión del empleo, gestión del rendimiento, compensación y desarrollo de carrera. Al fin y al cabo, como bien lo señala el estudio, los funcionarios públicos deben poseer las capacidades necesarias y operar dentro de un sistema basado en principios de gestión estratégica, meritocracia e inclusión que cimiente el profesionalismo, la integridad y una actitud de servicio hacia la ciudadanía.
Para que una agenda como la anteriormente descrita pueda realizarse, se debe tomar en cuenta una prevención: el éxito de las reformas depende no solo de su diseño técnico, sino también de factores políticos. Pareciera algo evidente, pero con frecuencia se habla de la mejora de los recursos humanos del Estado como un asunto meramente técnico que se puede solucionar aplicando las herramientas de gestión adecuadas. Sin embargo, como es sabido, la disfuncionalidad de la administración pública sirve de cobijo a redes de funcionarios y otras personas que abusan de la función pública en beneficio de intereses particulares a costa del bienestar general. Dichas redes gozan de cuotas de poder que utilizan para oponerse y boicotear los intentos de reforma en contubernio de sus aliados políticos.
Para resolver las debilidades de la administración pública se requiere desarrollar una agenda reformista de mediano plazo que permita ir fortaleciendo las capacidades estatales independientemente de las presiones coyunturales que demandan la mayoría de los recursos de los gobiernos. Algunos de los componentes que debieran incluirse en la agenda son: el empoderamiento de la Oficina Nacional de Servicio Civil, para que pueda administrar efectivamente el sistema de recursos humanos de la administración pública; la transparencia y razonabilidad de las condiciones establecidas en los pactos colectivos de trabajo de las instituciones públicas; la revisión y actualización de los marcos normativos que regulan los recursos humanos en las diferentes instituciones públicas; el impulso a la transparencia y anticorrupción, el gobierno electrónico y la discusión de una ley de procedimiento administrativo que reduzca la discrecionalidad en la función pública, entre otros temas. Todos estos elementos abonarían a fortalecer las capacidades del Estado para prestar los servicios y proveer los bienes que la población espera.
Aunque la agenda pueda parecer demasiado ambiciosa, el gobierno actual ya está dando algunos pasos en esa dirección, por ejemplo, las recientes convocatorias abiertas para contratar maestros y funcionarios en el Ministerio de Finanzas evidencian cómo se puede transparentar y democratizar el reclutamiento de los funcionarios de gobierno. De igual forma, las gestiones del Ministerio de Educación para evitar que los líderes sindicales sacrifiquen la educación de los niños por intereses particulares han dado resultados que fortalecen las capacidades del Estado para cumplir con la población. Sin embargo, la magnitud de las reformas y el tiempo que conlleva realizarlas demanda un esfuerzo colectivo sostenido, más allá de la administración actual, en el que se involucren la ciudadanía, los partidos políticos y las organizaciones de la sociedad civil.
Para activar un proyecto reformador de este tipo, el Banco Interamericano de Desarrollo recomienda construir el consenso para la reforma identificando a los actores clave, tanto beneficiarios como posibles opositores y determinar cuáles son sus intereses y capacidades. Esta información sustentará la acción colectiva de quienes promuevan los cambios, permitiendo elaborar estrategias apropiadas. También, se recomienda la implementación iterativa y gradual de las reformas, tomando en cuenta las capacidades estatales existentes para poder alcanzar victorias tempranas, aprender de su implementación y hacer los ajustes necesarios para avanzar. Finalmente, reconociendo que los nombramientos políticos también pueden ser útiles para abordar problemas de gobernabilidad, el estudio sugiere considerar la gestión de los nombramientos de cargos directivos equilibrando, por un lado, las designaciones basadas en vínculos políticos, y por el otro, las basadas en criterios meritocráticos. Los cambios que anhelamos demandan una administración pública capaz, que rinda cuentas y que cuente con los marcos apropiados para actuar en beneficio de la población. Como ciudadanos debemos estar conscientes de que los resultados que esperamos de los gobiernos no se logran solamente con atender la coyuntura, ni durante los escasos cuatro años que dura una administración. Para realmente hacer transformaciones se requiere de un trabajo continuo de mediano plazo, a través de varias administraciones gubernamentales, y con el seguimiento constante de la población y los actores políticos comprometidos con la causa. Consecuentemente, debemos apostarles a propuestas políticas que reconozcan que el país que deseamos no se construye de la noche a la mañana y menos sin una administración pública fortalecida.
