Guatemala está muy cerca de dar un paso trascendental hacia una economía moderna y más justa. Me refiero a la aprobación de una ley de competencia orientada a garantizar que los empresarios eficientes, visionarios, y dispuestos a regirse por las reglas del mercado, estén protegidos de prácticas anticompetitivas de sus competidores. En esencia, la ley de competencia abarca medidas destinadas a promover y salvaguardar la competencia en los mercados. Implica la prevención de las prácticas monopolísticas, la eliminación de los obstáculos a la entrada y el fomento de la igualdad de condiciones para todos los participantes en el mercado. Al hacerlo, la ley cultiva un entorno en el que las empresas deben competir por la preferencia de los consumidores a través del mérito, la calidad y el precio, en lugar de depender de tácticas anticompetitivas para sofocar la competencia.
Mucho se ha debatido sobre la ley de competencia en Guatemala desde que se puso en la agenda pública hace más de veinte años. La semana pasada, después de mucho ir y venir, se aprobó en el Congreso de la República, en segunda lectura, la iniciativa de ley de competencia número 5074. La iniciativa se discute desde 2016, ya tiene dos dictámenes emitidos por la Comisión de Economía y Comercio Exterior del Congreso de la República, y además se ha consensuado en ese organismo del Estado. La iniciativa propone la defensa de la competencia a través de: i) la prohibición de prácticas anticompetitivas y la creación de la institucionalidad para supervisar e impedir que estas se produzcan; ii) la supervisión de la concentración de los mercados y iii) la promoción de la competencia. Una de las principales fortalezas de la iniciativa es que plantea crear una superintendencia de competencia autónoma y descentralizada, que gozaría de independencia y capacidad técnica para hacer cumplir la ley efectivamente.
En las discusiones recientes sobre la ley de competencia en Guatemala se han dejado de lado los efectos que las políticas de competencia pueden tener sobre el crecimiento y la productividad de las economías. La reciente publicación del Informe Económico América Latina y El Caribe del Banco Mundial bajo el título Competencia: ¿el ingrediente que falta para crecer?, hace un aporte muy oportuno a la discusión en Guatemala. En primer lugar, el informe señala que la ausencia de competencia en la región hace que los consumidores paguen precios más altos por bienes y servicios de menor calidad, reduciendo el bienestar general y contribuyendo a una desigualdad más elevada. A diferencia de los hogares con mayores recursos, los más pobres no pueden acceder a bienes y servicios en mercados extranjeros con mayor competencia. No les queda otra alternativa que acudir a mercados monopolizados en los que no existen incentivos para mejorar los precios y la calidad de los productos. Es ilustrativo el caso mexicano, en donde las pérdidas de bienestar relativo derivadas del poder monopólico en mercados como los de tortillas de maíz, carnes procesadas, pollo, huevos y leche, son hasta un 20 por ciento más altas en los hogares más pobres que en los de mayores ingresos.
El informe centra su análisis en el papel fundamental de la competencia como estímulo al crecimiento económico en América Latina y el Caribe. El problema del crecimiento radica en que las empresas en la región nacen y operan en un contexto de baja competencia, sin los incentivos necesarios para mejorar sus capacidades. Los mercados de la región son notables por su alta concentración, márgenes de rentabilidad promedio muy elevados para los estándares internacionales y la participación de pocas y grandes empresas dominantes. La composición de las empresas en América Latina y el Caribe refleja la existencia de pocas empresas muy grandes coexistiendo con una multitud de empresas diminutas. No existe un segmento de pequeñas y medianas empresas fuertes capaces de ejercer presión competitiva sobre las empresas más grandes. Según el estudio, esta distribución asimétrica es causa de la baja productividad y la alta desigualdad. Por un lado, las microempresas y trabajadores por cuenta propia realizan actividades de baja productividad y adopción tecnológica. Por el otro, la falta de pequeñas y medianas empresas de alta productividad resulta en alta concentración en los mercados, dominados por grandes empresas que gozan de altos niveles de poder de mercado y rendimientos extraordinarios. La elevada concentración es una de las causas del estancamiento en el crecimiento de la región.
El informe resalta los efectos de la competencia sobre la productividad de las economías y las cuatro vías en que operan: i) la competencia obliga a las empresas menos productivas a salir del mercado; ii) la competencia es un incentivo a la innovación y en su ausencia las empresas no necesitan optimizar sus operaciones ni buscar mejoras innovadoras pues cuentan con consumidores cautivos; iii) los mercados con mayor competencia facilitan la adopción de tecnología; iv) las empresas con alto poder de mercado suelen desviar recursos de actividades productivas hacia la extracción de rentas del Estado. Estimular la productividad a través de una mayor competencia es una razón poderosa para priorizar la aprobación de una ley de competencia como herramienta para el crecimiento económico.
Además de contar con una institucionalidad robusta de promoción de la competencia el informe recomienda desarrollar una política nacional de innovación. Esta debe estimular la adopción tecnológica de las empresas para fortalecer sus capacidades y poder enfrentar la competencia sin necesidad de privilegios y prácticas anticompetitivas. Para que la innovación apuntale la libre competencia y los países de América Latina y el Caribe salgan del equilibrio de baja competencia y productividad, las políticas de innovación deben ir más allá de los mercados donde se generan nuevos conocimientos. Deben abarcar todo lo que incide sobre la acumulación de capital, tanto físico, humano como intelectual. Puede que lo que en apariencia sean problemas de innovación en realidad reflejen obstáculos en la acumulación de los factores de la producción. Además, para sostener procesos continuos de mejoras a la calidad y adaptación tecnológica el informe sugiere ajustar las prioridades de las políticas de innovación enfatizando esfuerzos en los sistemas educativos y de gestión gerencial, así como en los instrumentos de extensión tecnológica más que en la investigación y desarrollo.
Respecto a los resultados de las agencias de competencia en la región, el estudio advierte sobre elementos de diseño que limitan su efectividad como la falta de independencia de autoridades adscritas a los ministerios de Estado y la carencia de personal y presupuesto suficientes. En Guatemala se deben considerar estas lecciones para crear una agencia de competencia independiente y dotada de los recursos necesarios. Tenemos una oportunidad única para crear una institucionalidad sólida, técnicamente competente y que goce de prestigio. Allí están el Banco de Guatemala y la Superintendencia de Bancos como ejemplo de que apostar por instituciones robustas da buenos resultados.
El proyecto de ley de competencia presenta una oportunidad estratégica para que Guatemala aborde los problemas económicos sistémicos que han obstaculizado su progreso. Al promover la competencia libre y remover las prácticas anticompetitivas, la ley de competencia puede catalizar la productividad, la innovación y el crecimiento económico inclusivo. Tanto los diputados como los líderes empresariales y los responsables de la formulación de políticas deben reconocer los beneficios de una ley de competencia, no solo como una medida regulatoria, sino como un fundamento para una economía dinámica y equitativa.
