Cleptocracia (del griego clepto, ‘robo’; y cracia, ‘poder’) es el sistema político que consiste en promover, desarrollar y ejercer el  poder asentado en el robo de capital, institucionalizando la corrupción y sus consecuencias naturales: el nepotismo, el compadrazgo, el clientelismo político y/o el peculado, de manera que las acciones delictivas quedan impunes en vista de que todas las vertientes del poder están corrompidas, empezando por el poder judicial, funcionarios de la ley e incluyendo a todo el sistema político y económico. ( https://etimologias.dechile.net/?cleptocracia).

Se ha empezado a utilizar la palabra «cleptocracia» después de la publicación de los Papeles de Panamá en 2016. La cleptocracia se concibe ampliamente como sinónimo de corrupción política sistémica y gran corrupción. Dado que estos solo son posibles de manera sostenida en países que carecen de una rendición de cuentas democrática y Estado de Derecho, a la cleptocracia también se la asocia con formas autoritarias de gobierno (Instituto Republicano Internacional. 2021, p. 3).

Si bien se trata de un neologismo, ya figura dentro de las acepciones del Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia. La obra lexicográfica en cuestión dice respecto a este vocablo: “Sistema de gobierno en el que prima el interés por el enriquecimiento propio a costa de los bienes públicos”. (RAE, 2014, acepción 1). Como puede observarse, la primacía del interés de obtener un beneficio económico para sí es determinante para comprender si se está frente a este tipo de “sistema político”.

En la cleptocracia resulta característico que sus regentes acumulen enormes sumas de dinero, en especial quien dirige el poder ejecutivo, junto a sus más allegados como los ministros, secretarios, gobernadores, alcaldes y asesores personales. Por supuesto, el modelo no se restringe exclusivamente a este poder estatal. Como ya se indicó, es extensivo a los tres poderes del Estado. Sin embargo, por lo habitual, en la cleptocracia se busca el control total o casi total del poder judicial, así como de otras entidades del entorno de la aplicación de la justicia. Esto permite garantizar a los cleptócratas gozar de impunidad. Por ejemplo, lo expresado se logra en el sistema cleptócrata facilitando la ascensión a las altas cortes de personas con un perfil fáctico inverso a los requerimientos contemplados en los artículos 113, 207, 216, 217 y 222 de la Constitución Política de la República de Guatemala.

La cleptocracia es la piedra angular de la economía de los regímenes autoritarios, cuyas partes se involucran rutinariamente en prácticas corruptas con el propósito de enriquecerse y mantener el apoyo político a través de redes de patronazgo (Instituto Republicano Internacional. 2021, p. 2). Una definición integral de cleptocracia podría ser: corrupción transnacional sistémica en la que participan élites políticas, empresariales o delictivas y sus intermediarios profesionales con fines de auto enriquecimiento ilícito o promoción de objetivos políticos. (Instituto Republicano Internacional. 2021, p. 3). Así las cosas, se debe considerar que la cleptocracia también aprovecha buscar fines no pecuniarios.

Lo mismo aplica a otros regímenes con democracias más débiles, así como a otros cargos públicos. Incluso se suele crear mecanismos paralelos con la pretensión de influir en la opinión de los electores de manera tal de no dejar nada al azar. Se produce un paradigmático tráfico de influencias. Se puede entender por tráfico de influencias: “Delito que realiza el funcionario público o la autoridad que influye en otro funcionario público o autoridad, prevaliéndose del ejercicio de las facultades de su cargo o de cualquier otra situación derivada de su relación jerárquica con este o con otro funcionario o autoridad, para conseguir una resolución que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio económico para sí o para un tercero”. (RAE, DPEJ, s.f. 1ª acepción). También indica la referida obra lexicográfica que se trata de un “Delito que realiza el particular que influye en un funcionario público o autoridad, prevaliéndose de cualquier situación derivada de su relación personal con este o con otro funcionario público o autoridad, para conseguir una resolución que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio económico para sí o para un tercero”.

A nivel interno, el Código Penal, decreto legislativo 17-73 regula el tráfico de influencias de la siguiente forma:

“Artículo 449 Bis. Tráfico de influencias. Comete delito de tráfico de influencias la persona que, por sí misma o por interpósita persona, o actuando como intermediaria, influya en un funcionario o empleado público, prevaliéndose para ello de su jerarquía, posición, amistad o cualquier otro vínculo personal, para obtener un beneficio indebido, para sí o para tercera persona, en un asunto que dicho funcionario o empleado público esté conociendo o deba resolver, haya o no detrimento del patrimonio del Estado o de un tercero.

El responsable de este delito será sancionado con prisión de dos a seis años e inhabilitación especial.

La misma pena tendrá la persona que, en forma directa o indirecta, solicite o acepte un beneficio, con el fin de utilizar su influencia real o supuesta en un funcionario o empleado público, para obtener un beneficio indebido para sí o para tercera persona.

Si el funcionario o empleado público que esté conociendo, deba conocer o resolver el asunto, es un funcionario o empleado de la administración de justicia, se impondrá el doble de la pena».

Por supuesto, la cleptocracia implementa toda acción posible para evitar que sus partidarios resulten afectados por la aplicación de la normatividad penal vigente. Así las cosas, también hay una conciencia implícita entre los correligionarios cleptócratas de que, en caso de ser necesario, por el bien del sistema, pueden ser sometidos a los vaivenes del poder judicial.

Asimismo, también resulta habitual en la cleptocracia, el uso sistemático del denominado Lawfare. Éste se puede traducir como guerra legal / jurídica. Consiste en un mecanismo que permite a ciertos actores, aprovechándose de las debilidades institucionales, ejercer a través de los medios legales y sociales una coacción a la libertad en contra de ciertas personas que no son afines a sus intereses y posiciones, con la finalidad de retirarlos de cualquier posibilidad de participación o involucramiento en la función pública, social o política, lo que les permite mantener el manejo de las instituciones y con ello el control social del país (López, 2024, p.3).

Esto se expresa en el infame dicho frecuente en América Latina: “Para mis amigos, todo; a mis enemigos, la ley»[1]. Este dicho manifiesta un modo de preferencia e iniquidad en el diligenciamiento de la justicia, donde se busca beneficiar a los amigos y aplicar la ley de manera inclemente a los enemigos. Esta frase es una crítica a la falta de imparcialidad y a la corrupción en la administración de justicia.

En la cleptocracia entonces, se identifica a toda persona que no forma parte de la estructura organizativa cleptócrata y que pueda volverse incómoda al sistema. Esta identificación convierte a la persona en enemigo interno del sistema cleptócrata lo que torna imperativo que se busque neutralizarla. La criminalización de las personas identificadas como enemigas del sistema resulta infortunadamente frecuente. Se utilizan tipos penales que restringen la aplicación de medidas sustitutivas a la prisión preventiva. Y se aprovechan las falencias de la administración de justicia para prolongar hasta lo indecible los procesos y procedimientos penales. En este contexto se debe aclarar que también se suele identificar a grupos de personas que pueden resultar molestos al sistema debido a sus reclamaciones.

Entre otros, resulta común que se persiga a grupos que promueven la democracia como sistema político de gobierno idóneo para el Estado. De la misma manera se busca denostar a cualquier persona o agrupación que promueva las libertades humanas. Resulta común que entre las libertades, la primera en ser objeto de persecución lo constituya la libertad de expresión. Así el sistema cleptócrata parece haber aprendido de otros modelos históricos, como por ejemplo las acciones emprendidas hace noventa años durante el gobierno del partido Nazi en Alemania.

La censura está a la orden del día en el sistema cleptócrata. Se puede entender por censura “Dicho del censor oficial o de otra clase: Ejercer su función imponiendo supresiones o cambios en algo” (RAE, 2014, 4ª acepción). Por su parte el Diccionario Panhispánico del Español Jurídico (DPEJ) dice respecto de la censura: “1. Const. Poder que ejerce el Estado, persona o grupo influyente para prohibir, la difusión pública, de una noticia, un libro, una película o algún documento.” (RAE, DPEJ, s.f. 1ª acepción). Es así como cualquier idea expuesta que resulte contraria al sistema cleptócrata, es inmediatamente prohibida y se insta a que su difusión sea limitada. La cleptocracia no es partidaria de que se genere el pensamiento crítico.

En contexto semejante, tampoco se favorece la educación formal, la cleptocracia prefiere privilegiar lo prosaico, lo trivial, lo superficial, a lo que puede añadirse incluso el fomento de la superstición y de los prejuicios. Hay un aprovechamiento de los paradigmas que imperan entre la población, para reforzar así las narrativas que más convienen al sistema cleptócrata. Cuestiones tales como invocar temores inveterados respecto a la implantación de regímenes políticos contrarios a las libertades individuales y a la patria, resultan divisa de cambio habitual. Como ocurrió durante la dictadura en la península ibérica, parecen haber adoptado como mantra: «¡Muera la inteligencia!».[2]

Al igual que en otros sistemas (fascismo, nazismo y comunismo, por citar algunos) la cleptocracia hace uso metódico de la propaganda. Las acepciones 1 y 3 del Diccionario de la Lengua Española dan cuenta del sentido que se le da a este vocablo: 1. f. Acción y efecto de dar a conocer algo con el fin de atraer adeptos o compradores. (…)  3.f. Asociación cuyo fin es propagar doctrinas, opiniones, etc. La cleptocracia utiliza los medios de comunicación masiva para esparcir su mensaje populista, en apariencia proclive al bienestar general, pero en realidad promotor del beneficio de las huestes cleptócratas.

El sistema cleptócrata promueve con ahínco, lo que se puede denominar la banalidad de la corrupción. En tal sentido, se promueve y favorece tanto la pequeña como la gran corrupción. La filósofa política Hanna Arendt concibió el término “banalidad del mal” para expresar que algunos individuos actúan dentro de las reglas del sistema al que pertenecen sin reflexionar sobre sus actos. No se preocupan por las consecuencias de sus actos, solo por el cumplimiento de las órdenes (http://www.iep.utm.edu/arendt/). Utilizando como referencia el término acuñado por Arendt, puede decirse que la banalidad de la corrupción promueve que los individuos de una sociedad determinada acepten indiferentes, sin mayor o ninguna reflexión, como algo cotidiano e inevitable la corrupción.

En la cleptocracia, el dinero del erario es lavado o se desvía a cuentas bancarias secretas, por lo general en paraísos fiscales, como encubrimiento del peculado o robo. La banca está perfectamente consciente de la procedencia ilegítima e ilícita de los fondos, pero, debido a la banalidad de la corrupción, se opta por hacerse de la vista gorda. Lo mismo ocurre en otros casos, verbigracia, en el ámbito inmobiliario, en las ventas de vehículos suntuosos, artículos de uso personal lujosos, entre otros.

A efecto de asegurar la sostenibilidad del modelo en el corto y mediano plazo (al menos durante el plazo de ejercicio del poder) se encaminan acciones semejantes a las utilizadas en las elecciones de las personas para las altas cortes (poder judicial, tribunal electoral o el tribunal constitucional). La cleptocracia no improvisa, planifica ex ante llevarse a cabo los eventos electorales. Incluso, con cierto atrevimiento, cabe afirmar que se asegura de que las reglas del quehacer político resulten a su medida. Esto lo logra a través primero de instrumentalizar la normatividad electoral en beneficio propio. Asimismo, hay una marcada tendencia a modificar sustancialmente los procesos y procedimientos electorales, bajo una justificación que da la falsa apariencia de justa y necesaria. De esa forma se logran introducir las reformas más variopintas, algunas que no pasan de ser retórica pura, y otras que simplemente tienen el propósito de allanar el camino para la subsistencia del sistema cleptócrata.

Durante los procesos de elección, la cleptocracia tiende a aprovechar las manifiestas debilidades del entorno donde funciona. Así resulta común, que la situación de necesidad económica constituya un ingrediente muy apreciado por los cleptócratas durante la campaña política. Las personas que están en situación notoria de fragilidad difícilmente presentarán objeciones o cuestionamientos frente a los discursos políticos más aviesos. También resultan más vulnerables ante el ofrecimiento de cualquier tipo de propuestas populistas, dádivas o semejantes, que puedan, al menos de momento, aliviar su presaría situación. En este contexto, el paradigma del resentimiento es ampliamente aprovechado. Y se promueve en lo posible solo la aplicación de medidas paliativas, sin llegar a enfrentar de manera concreta y eficiente las causas de la problemática social de que se trate.

Presente, de manera constante, con firmeza absoluta y como principio rector no escrito de la cleptocracia figura la doble moral. La doble moral implica la intervención de diferentes imperativos éticos o morales a otros individuos o grupos, o a la contradicción entre lo que se expresa y lo que se lleva a cabo. En otras palabras, se produce cuando una persona o grupo aplica reglas distintas a situaciones similares, especialmente cuando favorece a un individuo o grupo sobre otro.

En este contexto resulta inverosímil de que las huestes cleptócratas, sientan una necesidad obsesiva por aparentar estar del lado correcto. Tal parece que desearían ser identificados, al menos formalmente, como personas honorables[3]. En algunos casos les repulsa y ofende que las personas no se refieran a ellos anteponiendo a su nombre o cargo el calificativo de “honorable”. Llegan hasta el punto de creerse efectivamente individuos respetables, dignos de ser acatados por su comunidad. Suelen proyectar una imagen de ostentosa prosperidad económica, la cual se traduce en propiedades inmuebles, automóviles de lujo, ropa de alta costura, accesorios igualmente estrambóticos, entre otros.

Muchos quieren irradiar su toxica influencia en otros espacios de la vida. No son pocos los cleptócratas que buscan denodadamente ocupar una cátedra o dirigir un centro educativo, mejor si es de enseñanza superior. Quieren en tales entornos, adoptar la imagen de erudición, aunque muchas veces su educación a penas les alcanza para escribir su nombre o leer algún pasquín. Son defensores a ultranza de la hermeneútica más simplista posible, eso sí, siempre de manera inversa. Se horrorizan ante planteamientos que exigen el respeto irrestricto a la dignidad humana y a la libertad de la persona. Tratan de descalificar a aquellas personas que no forman parte de su entorno populista. Ven con sospecha a quienquiera cuestione el sistema o no desee participar de sus espurios beneficios. Ninguna entidad parece a salvo de su nefasta influencia. Es como una enfermedad que paulatinamente, poco a poco, va consumiendo al Estado.

Las estrategias cleptócratas permiten atacar y capturar las finanzas públicas, los productos básicos, los recursos naturales, la asistencia para el desarrollo y la seguridad, el sector privado y los activos estratégicos. Al hacerlo, los cleptócratas buscan acumular grandes cantidades de riqueza para beneficio personal, y consolidar y afianzar el poder político. En síntesis las prácticas de este sistema pueden resumirse en: (1) base política y legal, (2) económica y financiera, (3) coercitiva y violenta, o (4) de marca y narrativa. (Instituto Republicano Internacional, 2021, p. V).

Es imperativo entonces, el pertinente entendimiento del funcionamiento de la cleptocracia y sus prácticas, debidamente fundamentado en la evidencia, puesto que de lo contrario los periodistas de investigación y los activistas pueden sufrir obstáculos, como la criminalización, que inciden en que sean menos capaces de anticipar, identificar y abordar las estrategias cleptócratas a gran escala.


[1] https://www.undp.org/es/latin-america/blog/graph-for-thought/para-mis-amigos-todo-mis-enemigos-la-ley

[2] https://www.eldebate.com/historia/20241012/dijo-unamuno-vencereis-no-convencereis-millan-astray-muera-inteligencia_235171.html

[3]RAE, DLE: Honorabilidad: f. Cualidad de la persona honorable. Sinónimos o afines de «honorabilidad» honradez, respetabilidad, nobleza, dignidad, honra.

Andy Javalois

Abogado egresado de la Universidad Rafael Landívar, especializado en archivística y derechos humanos, catedrático universitario e investigador jurídico.

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