Álvaro Montenegro
Giammattei está próximo a tomar la decisión más importante de su mandato presidencial, si es que se le puede llamar así a un mamarracho de periodo en el cual no trazó un objetivo mínimo de gobierno. La Constitución le ordena nombrar al siguiente fiscal general y jefe del Ministerio Público (MP) antes del 17 de mayo.
Ninguna persona que ha dirigido el MP lo ha hecho por dos periodos y Consuelo Porras quiere romper esa costumbre. Su afán por dejar un legado único le da una particular motivación. Además, ella siente que hizo méritos para que la premien, pues se la jugó de manera frontal y sin reservas en defensa del statu quo, como tantos funcionarios han hecho antes: ejercer función pública para servir a las élites dominantes.
El contexto que le tocó a Porras fue peculiar pues supuso la tarea de destruir una fuerza prometedora democrática que pudiera contrarrestar la corrupción y la injusticia que ha enterrado al país en pobreza, migración, violencia y desempleo. De 2015 a 2018, de la mano de la CICIG y FECI la ciudadanía se creyó capaz de empujar transformaciones, promover reformas pendientes, hacer de la transparencia algo común.
Estas ideas, estos nuevos valores, fueron demasiado para la élite económica -amancebada a la política, militar y criminal- ya que el miedo es su emoción preponderante. Sienten que en cualquier momento les van a arrebatar el derecho de picaporte con el presidente que financiaron, les van a exigir pagar impuestos, fiscalizar los préstamos que le hacen al Estado, ventilar los contratos públicos opacos, cuestionar la facultad de mantener créditos altísimos en beneficio de los bancos, entre otros.
Hay un origen de las riquezas -como muestra un estudio sobre élites- que les aterra que se descubra y que se conjuga con cuestiones de tierra, recelo a los pueblos indígenas, experiencias fatídicas en el conflicto armado y corrupción ancestral que cimentó monopolios.
Este miedo histórico se mezcló cuando salieron casos contra quienes se han constituido como los dueños del país, el equivalente a una oligarquía local. Esta forma de constitución de las sociedades no ocurre solo en Guatemala sino en más o menos todas partes. El asunto es que acá sucede de manera exagerada, pues el derecho de veto de las élites ha truncado una y otra vez la posibilidad de democracia.
La cruzada para derrotar la lucha contra la impunidad tiene que ver con la protección del orden establecido que reproduce miseria por un lado y riqueza inusitada por el otro. La cooptación de las instituciones de justicia aseguró que no pueda darse una justicia como tal y que el poder ejecutivo, económico y criminal no tenga ningún freno para operar sin respeto a la ley.
La nueva elección del MP tiene que ver con esto. Si Porras es reelecta por Giammattei, este plan de restauración -que contempla el control de las próximas elecciones- avanzará sin tropiezos derivado de que ella quemó todas las naves incluyendo la de la comunidad internacional, quienes por su cooperación, comercio, inversiones y capacidad de extraditar tienen aún considerable peso en el país.
Giammattei siente el calor desde ambos lados: en favor y en contra de Consuelo Porras. Podría pensar que nombrarla no le conviene, aunque las élites empujen por ella. En este caso, calcularía cuál sería la venganza de ella si es que la deja chiflando en la loma o reflexiona qué más podría ofrecerle. Pero si la elige, empujará el país hacia la realidad de Nicaragua, donde el derecho penal sirve únicamente para atacar a opositores (como hemos visto los últimos meses) y se acelerará la conversión del país en paria internacional.
