Álvaro Montenegro
Ahora capturaron a José Luis Pantaleón, quien fue removido como jefe de la fiscalía contra la corrupción cuando sus casos avanzaron demasiado. Tal como ha ocurrido con una veintena de operadores de justicia, Consuelo Porras manipuló las leyes para apuntalar acusaciones penales contra un fiscal que intentó desarticular poderosas redes criminales. Las actuaciones de la jefa del Ministerio Público (MP) no guardan ya ninguna forma y su estrategia kamikaze parece ir todo o nada para consolidar su reelección.
Pantaleón investigó a personas cercanas a Giammattei. Entre ellos, al exjuez Mynor Moto y a la jefa del Instituto de la Víctima Alejandra Carrillo, íntima de Roxana Baldetti y esposa de Felipe Alejos, sancionado por Estados Unidos. Este caso salpicaba a la amiga de Giammattei y Consuelo Porras, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia Silvia Valdés, pues ella negoció plazas fantasmas con Carrillo a cambio de respaldar a Felipe Alejos. Es vox populi que Valdés y Carrillo han construido una amistad tras intereses compartidos y se les ha visto almorzando en distinguidos restaurantes de la zona 14.
La investigación por la que fue capturado, Pantaleón la dirigió contra José Luis Benito, exministro de Jimmy Morales y quien, según declaraciones presentadas ante un juzgado, le entregó Q20 millones a Giammattei para asegurar pagos de constructoras como parte de los sobornos gestados en el Ministerio de Comunicaciones. Ahora el MP acusa a Pantaleón de anomalías en la investigación contra Benito por la corrupción en el caso del Libramiento de Chimaltenango. El mensaje es que no se persiga a los corruptos sino a quienes investigan a los corruptos.
Consuelo Porras le asegura protección al crimen al más alto nivel. Es como en las películas de mafiosos en donde el capo invita a la boda de su hija a un juez y a un fiscal para asegurar la paz en sus negocios. En este contexto, se trata de todo un sistema construido por décadas que se está defendiendo y para ello identifica a quienes se atrevieron a denunciar y les monta acusaciones para refundirlos en prisión y mandar mensajes al resto para que nadie alce la voz.
Consuelo Porras patalea de esta forma porque su reelección no está asegurada. Aunque a Giammattei no le conviene su nombramiento, lo está pensando. Porras aprieta el acelerador y le recuerda, con este caso, que ella tiene el sartén por el mango. En lo que el presidente decide, gana tiempo en una segunda ronda de entrevistas haciendo cálculos sobre cómo la comunidad internacional reaccionaría si mantiene a Porras. A pesar de que Jorge Luis Donado es su amigo de años, la deuda con Porras es enorme por haberle tapado tantos señalamientos de corrupción -sobre todo de los negocios rusos- pero también sabe que Porras es traicionera y cambia de lealtad dependiendo quién gobierne.
El colapso del sistema de justicia nos conduce rumbo a Nicaragua. Si bien no existe un único soberano que al levantar el dedo todos aplauden, en Guatemala gobierna una rosca inamovible que se encuentra en modo bulldozer arrollando cualquier resquicio democrático: enterraron las instituciones que nacieron tras la firma de la paz, expulsaron a la comisión internacional que luchaba contra la corrupción, persiguen a operadores de justicia decentes, criminalizan a periodistas, activistas y opositores. Pronto, ya anunciaron, empezarán a cancelar a ciertas ONGs.
La elección del Ministerio Público es crucial pues quien quede de fiscal general influirá en las siguientes votaciones ya que podrá inventarse procesos contra personas incómodas o protegerá a algunos, como sucedió con Sandra Torres. La estrategia de cooptación apunta a las elecciones y parecería que el sistema opera en favor de Zury Ríos, quien ya demostró promover la corrupción en uno de los gobiernos más opacos y además sabe chantajear al sector privado tradicional.
