Álvaro Pop
A partir del debate electoral que la campaña 2023 está generando, nos hemos preguntado ¿cuál es la agenda de los pueblos indígenas en la vida nacional? ¿Cuáles son las prioridades que hay que atender? ¿en qué se diferencian de la demanda nacional no indígena?
Durante los últimos doscientos años los pueblos indígenas en Guatemala han tenido una participación mínima en la construcción del Estado. En las Asambleas Nacionales Constituyentes el planteamiento de los pueblos indígenas se ha ignorado descaradamente.
En la realidad los pueblos indígenas siempre han sido llevados a vivir paralelamente al sistema. El cumplimiento constitucional de “igualdad” no ha existido para los pueblos indígenas hasta la fecha. No podemos hablar de igualdad si el sistema político (tanto electoral como de función administrativa / política / legislativa / judicial / ejecutiva / económica se maneja en un idioma ajeno a las comunidades, por ejemplo). Incluso ha habido una incapacidad gubernamental para reconocer que existe otro sistema económico, el de los pueblos, de las comunidades, de la ruralidad, el de “los mercados del pueblo”. Y se han quedado en la discriminación y devaluación de este sistema llamándolo “informalidad”.
La agenda indígena empieza con poner a discusión el “Estado – Nación”.
La expresión de la diversidad de la sociedad que vive en Guatemala merece y debe participar en la construcción del Estado que los organice y que a través del Gobierno sea administrado, representado y funcione al servicio de todos los hombres y mujeres que se asumen como guatemaltecos.
Esto pasa por la convocatoria a una nueva Asamblea Nacional Constituyente que ayude a superar la corrupción, la ambivalencia entre descentralización y desconcentración de la responsabilidad de los gobiernos en la ejecución de las políticas públicas y su presupuesto. Pasa por la instalación de un modelo de ejecución del presupuesto que ayude a superar la arbitrariedad que es la madre de la corrupción, de la oscuridad de las contrataciones y compras. La nueva Constitución deberá superar la limosna presupuestaria que tiene la institucionalidad indígena y hacer transversal el cumplimiento del Convenio 169, las Declaraciones Americana y de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, la Ley de Idiomas Nacionales, con ello superar de una vez por todas el vacío del Artículo 70 Constitucional. Entre otras cosas…
La agenda indígena debe enfocarse en el desarrollo rural.
Todavía Guatemala tiene un potencial indígena en la ruralidad. Lo estamos perdiendo en la medida que los gobiernos incumplen sus mandatos institucionales para el desarrollo rural. Lo más descarado es la burla nacional e internacional que se hizo y se sigue haciendo con el Plan K’atun 2032. Cientos de especialistas y dirigentes trabajaron por más de cinco años, dialogaron y consensuaron un planteamiento que recoge las necesidades y propuestas más factibles para la ruta al desarrollo.
Tres importantes impactos tienen el abandono de las poblaciones que viven ancestralmente en la ruralidad.
El primero es la desnutrición crónica, la segunda es la falta de escolaridad y la tercera es la migración hacia los Estados Unidos. Estas situaciones hacen que Guatemala se encuentre entre los países fracasados y en el listado de los menos desarrollados. Le cuesta ganarle a Haití.
Aprovechar estratégicamente las capacidades agrícolas de los pueblos indígenas; su conocimiento forestal, su cosmovisión vinculada a la naturaleza, su intenso conocimiento alimentario, especialmente vinculado al “sistema milpa” serian determinantes para el éxito de inversiones rurales gubernamentales y privadas. El ajuste del salario de los trabajadores rurales es fundamental. El respaldo a la pequeña empresarialidad rural agrícola es un motor del desarrollo. Un requisito indispensable es establecer una ruta para la superar la crisis de la propiedad de la tierra y alcanzar un nivel de soluciones equilibradas a la crisis de la propiedad de la tierra. Y por supuesto la atención de los problemas que causa la explotación ilegal e ilegítima del agua y los recursos.
Cobán, Alta Verapaz. Guatemala.
